El director del museo Reina Sofía reclama a la Xunta que dé marcha atrás en el proceso de funcionarización de la dirección del centro compostelano y convoque un nuevo concurso que abra el puesto a los profesionales del arte
21 jun 2026 . Actualizado a las 09:35 h.Mis padres siempre supieron que me gustaba escribir y por eso me apoyaron para comenzar la carrera de Periodismo en 1995 en la Universidad de Santiago de Compostela. Aquel primer invierno descubrí el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), impresionado e intimidado a partes iguales por los depurados volúmenes de la arquitectura de Álvaro Siza. El museo exhibía entonces en la iglesia de San Domingos un memorial funerario poblado de espectros y de sombras del artista Christian Boltanski. En mi segunda visita, ya arrastré conmigo a amigos recientes, para ver la exposición de Felix Gonzalez-Torres, conmocionado por una belleza que me era desconocida y asombrado por un arte inconcebible, que me instaba a asumir una serie de responsabilidades como visitante, a decidir si tomar parte de su obra —de sus montones de caramelos o pilas de posters— u optar por no alterarla. Esa decisión política que me afectó profundamente. De hecho, uno de los posters que se podían recoger entonces, una imagen en blanco y negro de la silueta de un pájaro recortada sobre un cielo nublado, me sigue acompañando después de treinta años en cada lugar que he considerado mi casa, como un testigo del nomadismo al que la precariedad del trabajo en cultura nos tiene acostumbrados en Galicia. Al año siguiente el CGAC me había convencido para cambiar de carrera y a comenzar los estudios de Historia del Arte. Quizá sea una exageración que el arte pueda cambiar el mundo pero es razonable afirmar que tiene la capacidad de cambiarnos de uno a uno.
Con los años de aprendizaje, entendí que ese período había sido trascendental para la cultura gallega: que la fundación del museo compostelano coincidiese con la primera promoción de artistas de la Escuela de Bellas Artes de Pontevedra era una prueba de que Galicia apostaba por un proceso de profesionalización del sector, con un apoyo de las Administraciones públicas al arte contemporáneo del que la generación de profesionales a la que pertenezco es la consecuencia. Mucha gente que no teníamos por qué estar ahí conseguimos hacer una carrera gracias a estos sistemas de acceso, que atendían a los méritos y que generaban oportunidad por el respeto a la calidad del trabajo.
Aunque hoy sabemos bien que el acceso de la sociedad al arte, al igual que a cualquier dominio de la cultura en general, es un derecho reconocido por la Constitución española, la profundización de los poderes públicos gallegos en la construcción de un marco estructural para el arte fue paulatinamente desatendida a lo largo de los años 2000 en favor de una cultura oficial hipertrofiada, basada en los grandes eventos y en las efemérides, a ritmo de Xacobeo y de elecciones. En tan solo unas décadas pareciese que se haya olvidado lo normal: que la creación artística necesita apoyo de investigación, de producción, de exhibición, de mercado, de crítica y, sobre todo, de la autonomía y de la libertad que le permiten hacer su trabajo. La tarea del arte —la de Laxeiro, Souto, Maruja Mallo o Carme Nogueira— ha sido siempre un acto político irrenunciable: una operación simbólica que transforma la realidad o que ofrece una representación que la devuelve cambiada, una conjura que hace temblar nuestras certezas sobre el mundo para hacerlo más rico, más desconocido y, por qué no, más incómodo. Por eso un filósofo conservador como Platón decidió expulsar a los artistas de su República, porque sus obras eran mentiras que afectaban a la paz y a la tranquilidad social. Todo un reconocimiento del poder del arte sobre lo real.
Hoy parece que vivamos en una era neoplatónica. Durante casi dos décadas, en el Estado español hubo consenso sobre la gestión de la cultura contemporánea. La organización del sector artístico en asociaciones reivindicativas se sumó a una conciencia política de que las necesidades de experimentación y riesgo del arte pasaban por el apoyo de lo público. Esto permitió alcanzar un acuerdo en unos criterios éticos mínimos: que los y las artistas deben cobrar por su trabajo; y que los directores y directoras de instituciones públicas deberían concurrir a concurso público para ser juzgados por comisiones integradas por una mayoría de personas expertas en su campo. Nada más normal que esto que decía lo que se llamó Documento 0, un código de buenas prácticas que fue firmado por un ministro de Cultura gallego, César Antonio Molina.
Los concursos de dirección se convirtieron en un compromiso en el sector de los museos en todo el territorio español. Aseguraba independencia a la dirección, con un contrato de duración más amplia que el de un período electoral, para garantizar el medio plazo que requieren estructuras encargadas del pasado y del futuro de la cultura visual de un país. Los concursos también aseguraban que la mejor candidatura posible obtendría la posición de dirección. Esta normalidad de los concursos públicos fue muy fructífera para la escena española, dando lugar a algunos de los modelos institucionales más relevantes del siglo XXI, admirados e imitados dentro y fuera de España.
Para sorpresa de todos, la Xunta ha optado en el 2026 por un modelo peregrino: el de funcionarizar una plaza que fue una alta dirección durante treinta años y el de un concurso opaco, denunciado como incorrecto por todas las asociaciones del arte español e incluso aquellas internacionales que agrupan a los mayores expertos en museos de todo el mundo —a los que, francamente, puedo asegurar que no es fácil poner de acuerdo—. Si a un concurso de dirección normal podrían concurrir funcionarios, uno concebido para estos últimos restringe las candidaturas, perdiendo inevitablemente a la mayoría de los profesionales que cuentan con la experiencia para dirigir museos. Nunca un funcionario ocupó la dirección del Museo Reina Sofía. Ni tampoco del IVAM, ni del CA2M, ni del Musac, ni del Macba… ni de la Tate. Entiendo que la Xunta piensa claramente que lo mejor posible es más de lo que el CGAC puede pedir.
«¿Por qué Goya sigue provocando colas de turistas y es un emblema cultural? ¿Por su capacidad de sumisión a la Corona? ¿O por su apasionante radicalidad a la hora de plantear las relaciones sociales de poder dentro de la corte?
Además, la funcionarización de una dirección es sinónimo del fin de la independencia de un programa. Un técnico o técnica de cultura en un gobierno local, autonómico o nacional está al servicio público de aquello que las autoridades competentes consideren oportuno según la consecución de su programa electoral, en un proyecto político de partido. El espacio de la creación es independiente y, por definición, no es ni clientelar ni oficialista. ¿Por qué Goya sigue provocando colas de turistas y es un emblema cultural? ¿Por su capacidad de sumisión a la Corona? ¿O por su apasionante radicalidad a la hora de plantear las relaciones sociales de poder dentro de la corte? ¿Acaso la Xunta opina como Platón, que los artistas deben someterse o ser expulsados para siempre de la cosa pública?
«Una dirección de museo ha de estar en diálogo total con la Administración pública pertinente y su independencia se construye en negociación con un control social ejercido por los patronatos y por los consejos asesores»
Si se me permite profundizar aún más, una dirección de museo ha de estar en diálogo total con la Administración pública pertinente y su independencia se construye en negociación con un control social ejercido por los patronatos y por los consejos asesores. A raíz del nombramiento de la nueva dirección, parte del consejo del CGAC ha dimitido, exceptuando una persona que habiendo sido jurado en el concurso público de dirección anterior ahora le parece igual de bien esta libre designación, a quien le vale tanto una cosa como la otra.
Es indefendible que lo mejor sea lo que ya se tiene en casa. Si el CGAC se merece lo mejor, a la Xunta solo le queda corregirse, aceptar su equivocación, y dar marcha atrás a su intento de control. Es perfectamente comprensible el impulso por evitar que un museo se politice, pero la solución nunca puede ser politizar la decisión sobre su dirección, sino buscar los medios de gobernanza para garantizar un diálogo social amplio y representativo, como corresponde a instituciones democráticas y dejar que el arte cumpla su función social. Es decir, lo normal.
Manuel Segade (A Coruña, 1977) es director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía