Desde el mismo día en que se hizo público el robo del Códice Calixtino, el 7 de julio del 2011, la petición de dimisión al deán de la catedral de Santiago ha estado sobre la mesa.
José María Díaz la esquivó y volvieron a planteársela cuando el libro apareció un año después y se hizo pública la falta de seguridad en la basílica, donde la caja fuerte era asaltada a diario, y algunas otras cuestiones que no dejan precisamente en buen lugar al deán. En ese momento, la Conferencia Episcopal decidió actuar con contundencia. Exigió al arzobispo que tomara medidas y Julián Barrio así lo hizo.
Cargo vacío de competencias
Ante las continuas reticencias del deán a dimitir, dejaron su cargo vacío de competencias. La Fundación Catedral pasó a ocuparse de la administración de la basílica. Entre otras cosas, de la seguridad y del control de los gastos y de los ingresos, ya que al conocerse los continuados robos de las limosnas del cepillo se levantó un gran revuelo. Su presidente, Daniel Lorenzo, pasó a estar en realidad por encima orgánicamente de José María Díaz.
Además, por primera vez en los 800 años de historia de la basílica, se nombró a un seglar como administrador, Francisco Domínguez, un alto ejecutivo de la antigua Caixa Galicia. Antes le habían retirado el cargo de archivero y nombrado como sucesor a Segundo Pérez con una celeridad que denotaba el malestar de la superioridad eclesiástica con la situación.
Al deán le quedó solo la gestión de los asuntos religiosos como presidente del cabildo. La razón por la que ni aún así podrá seguir en el cargo es que a finales de enero o principios de febrero del 2013 está previsto que se celebre el juicio del Códice Calixtino y la vista amenaza con convertirse en todo un escándalo por las declaraciones del acusado.
En medios judiciales se da por hecho que Manuel Fernández Castiñeiras dirá cosas que, ciertas o no, harán correr ríos de tinta.