Los inquilinos de edificio de la Sareb en Cambre pagan la renta «a quien no deben»

Los inquilinos del número 8 de Ramón Cabanillas, en O Temple (Cambre), acusados de okupas llevan años pagando la renta a quien no deben. Por eso el verdadero propietario del inmueble, que es la Sareb, los demandó. Porque este organismo, pese a pagar el IBI y todos los gastos que genera el edificio, nunca recibió un céntimo de las mensualidades de esos inquilinos que ahora se encuentran «hundidos» por un proceso judicial por allanamiento. La que recibe los pagos religiosamente todos los meses sin retraso alguno es una empresa fantasma que no contesta al teléfono y que cambió de nombre hasta siete veces en tres años.

¿Cómo se llegó a esta increíble situación? Pues como ocurrió decenas de veces con inmuebles que adquirió la Sareb a constructoras en quiebra. En ocasiones, este organismo se encontró con que el anterior propietario había contratado a una sociedad explotadora de alquileres y estas compañías continuaron cobrando las rentas pese a que la titularidad cambió de manos. Los inquilinos no fueron advertidos, continuaron hasta hoy ingresando las mensualidades en una cuenta equivocada, la beneficiaria enmudeció para no dejar escapar un dinero que ya no le pertenece y al final los vecinos se encuentran con la Guardia Civil en la puerta para identificarlos y notificarles les que serán demandados por okupas.

La Sareb denuncia a los inquilinos de uno de sus edificios de Cambre por okupas

alberto mahía

Esto es lo que ocurrió en ese edificio de O Temple que da a la calle Ramón Cabanillas y a la N-VI. Un inmueble en el que la mitad de sus vecinos —unos veinte— están alquilados. 

Cargas y gastos

Una portavoz de la Sareb defiende la actuación de este organismo. Dice que entienden la complicada situación en la que se encuentran los afectados, pero han tenido que litigar contra cada uno de ellos porque pese a tener la titularidad de esas viviendas y afrontar los gastos e impuestos, no han recibido el dinero de las rentas.

Una vez que la Sareb asumió la deuda del promotor, la Justicia le otorgó la propiedad de esos activos inmobiliarios. Su cometido ahora es recuperar el máximo dinero posible «para beneficio del contribuyente».

En este caso se encontraron con una serie de pisos, garajes y trasteros que reportan un beneficio a una sociedad ajena al organismo y con la que nada tiene que ver. De ahí que el organismo público y privado haya tenido que acudir a la Justicia, «no para echarlos, sino para verificar si sus contratos de alquiler son válidos». Y eso lo deberá decidir un juez. En los juicios, los vecinos afectados demostrarán que están al corriente de pago, por lo que no podrán ser condenados bajo ningún concepto como okupas. Pero sí podrían tener de abandonar las viviendas.

No obstante, en caso de que los tribunales determinen que los contratos de alquiler no son válidos los vecinos estarían «en precario», lo que los situaría en una difícil situación al disfrutar de una vivienda sin contar con un título de propiedad o un acuerdo legal que lo respalde.

Si se llega al caso, los afectados tienen tres opciones a las que aferrarse. La primera es demostrar vulnerabilidad. En caso de que haya una familia afectada con necesidades básicas, la Sareb no los desalojará. Otra posibilidad que a los afectados se les pondrá encima de la mesa es una compra preferente; es decir, que los inquilinos podrán hacerse con la propiedad a un bajo coste. Y, por último, si la Justicia falla que los contratos firmados por los residentes son válidos, la Sareb los subrogará.

Un vecino que dejó el piso lleva tres meses sin saber a quién le tienen que devolver las llaves

Cada vecino de ese inmueble de O Temple tiene una curiosa historia que contar. Hay uno que estaba alquilado y hace tres meses dejó el piso porque tuvo que cambiar de ciudad. Intentó ponerse en contacto con ese fondo luxemburgués al que le pagaba la renta y no hubo forma. Nunca le cogieron el teléfono. Por un lado, reclama la fianza que depositó antes de entrar a vivir y, por otro, quiere saber a dónde tiene que entregar las llaves. No hay respuesta.

Otro residente se encontró una mañana en su trastero a un hombre cambiándole la cerradura. Le preguntó qué hacía y le contestó que solo obedecía órdenes de alguien que decía ser el propietario. El afectado lo convenció de no seguir con su propósito con una frase: «Usted verá. Si me impide entrar en mi trastero mañana diré que tengo 120.000 euros dentro y que me impidió acceder a ellos». Inmediatamente, el operario recogió sus herramientas y dejó todo como estaba.

Además, algunos de ellos recibieron varias demandas. Una por el piso, otra por el garaje y una tercera por el trastero. 

El gas comunitario

No solo los que están alquilados tienen problemas. Los propietarios también tienen lo suyo. Porque han de afrontar la suma total del gasto comunitario del gas. Lo que consumen ellos y lo de los inquilinos, que en su contrato tienen incluido ese servicio pero nadie se lo abona a los dueños. Y si no lo hacen, se les corta el suministro.

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