Durante sus 23 años como presidente de la Generalitat, Jordi Pujol fue un político intocable, al que la Justicia ya salvó del pestilente caso Banca Catalana en los ochenta; un sólido pilar del sistema surgido de la transición, siempre dispuesto a pactar con Felipe González o con Aznar para favorecer la gobernabilidad. La impunidad consentida de Pujol y sus hijos se mantuvo incluso después de que en el 2005 Maragall denunciara que su problema era el 3 %. Hasta que el nada honorable president decidió jugar abiertamente, en el 2011, de forma que hoy se percibe como suicida, la carta del independentismo. A partir de ahí apareció el Estado para descargar todo su peso contra quien tuvo patente de corso mientras le fue útil. En este contexto, el 25 de julio Pujol destruía su imagen y su carrera mediante una sorprendente confesión en la que admitía que había estafado y engañado a los catalanes al ocultar en paraísos fiscales una fortuna procedente de la herencia de su padre. Todo indica que la magnitud del desfalco ha sido infinitamente superior, ya que los apabullantes indicios existentes muestran que el insaciable clan familiar encabezado por el patriarca se dedicó durante tres décadas a forrarse mediante prácticas mafiosas hasta acumular una fortuna que Interior cifra en ¡1.800 millones de euros!, opacos al fisco. Este colosal latrocinio tuvo lugar ante el silencio cómplice de quienes en el llamado oasis catalán sabían lo que pasaba y ahora se rasgan las vestiduras, y la inacción de las instituciones estatales (Justicia, policía o Agencia Tributaria). La gran cuestión sin respuesta es por qué se ha inmolado ahora, autodestruyendo su propio mito y dejando muy tocados a Mas y al proceso soberanista. ¿Qué se oculta bajo la punta del putrefacto iceberg?