«Hasta la fecha ni un coruñés ha pagado por la ayuda a domicilio, estaba contemplado en los presupuestos por un precepto legal, pero no se aplicó y el que lo va a aplicar por primera vez es el gobierno del señor Negreira». Así reaccionaba ayer el concejal socialista Jesús Fernández al anuncio de la teniente de alcalde de Hacienda, Rosa Gallego, dando por hecho de que el cobro a los usuarios de una parte del coste de la ayuda a domicilio que perciben empezará a realizarse a partir del próximo 1 de enero.
Entiende el socialista que el gobierno podría haber mantenido la misma posición que el bipartito, incluyendo la previsión pero no aplicándola, pese a que desde el gobierno apuntan que no hacerlo podría obligar a tener que devolver las subvenciones recibidas.
Entiende Fernández que la Xunta «está apretando» para que los ayuntamientos apliquen recortes sociales y que los que le son afines no ponen objeciones. Y aventura que, si el gobierno local fuese de otro color, el copago no estaría sobre la mesa.
Idéntica postura comparten en el BNG. Su portavoz, Xosé Manuel Carril, cargó ayer contra la introducción del copago en dependencia, remarcando que «mentres o PP agasalla con tres millóns de euros a Copasa para construír parte do aparcadoiro do Parrote, failles pagar un millón aos usuarios da axuda ao fogar». Carril remarca que el copago fue introducido por el PP en la Xunta en el año 2010 y que hasta ahora el Ayuntamiento no había cobrado «nin un euro».
«As administracións teñen a obriga de axudar ás persoas con menos recursos e non de afogalas, como pretende facer o PP co cobro do copago», subraya Carril, que remarca que ningún punto de la orden de subvenciones de la Xunta establece que se tengan que devolver las ayudas si no se recauda.
Alegaciones
Los nacionalistas criticaron también que el gobierno local «esquecera» su compromiso con el pago de las indemnizaciones de Someso, de las que solo se recogen 1,1 de los 8,2 millones fijados hasta ahora por la Justicia. Por su parte, los socialistas presentaron sus alegaciones a las ordenanzas fiscales para reclamar bonificaciones fiscales a las empresas que favorezcan la contratación de personas en riesgo de exclusión social.