Apenas un año después de tomar posesión de su cargo como delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo (San Sadurniño, 1975), acumula una sucesión de polémicas que han colocado su cargo en el disparadero, con un reguero de peticiones de dimisión o cese a sus espaldas.
Los inicios ya no fueron fáciles. Fue nombrado el 30 de abril del año pasado con la promesa «reducir la burocracia», pero su mensaje conciliador no encontró eco en la oposición. De hecho, fue recibido bajo la acusación de «comisario político» por el alcalde coruñés, Javier Losada, y otros muchos altos cargos socialistas, que temían su papel como contrapoder a los regidores socialistas en las grandes ciudades.
Calvo no se amilanó y contestó a los pocos días de tomar posesión con un dosier sobre los precios de los alquileres de la Xunta en la ciudad y sus cláusulas supuestamente abusivas.
La primera batalla política en la que le tocó lidiar fue la del supuesto realojo de los chabolistas de Penamoa en los pisos sociales de varios barrios de la ciudad. Calvo amparó las demandas de dos asociaciones vecinales y fue tachado por la concejala de Asuntos Sociales, Silvia Longueira, de «racista», entre otros muchos calificativos.
Por los pisos sociales, en este caso por su estado de conservación, le tocó enfrentarse también con Obdulia Taboadela y el nacionalista Mario López Rico. Y con los nacionalistas, en este caso con la concejala de Cultura, María Xosé Bravo, volvió a tener un cruce de acusaciones a cuenta del compromiso, o no, de la Xunta con la construcción de la nueva sede del Centro Coreográfico Galego en el parque ofimático.
Tampoco encontró buenas caras en la comarca coruñesa, donde alcaldes como el de Oleiros, Ángel García Seoane, le acusó de «falta de respeto e intromisión» por visitar su municipio en compañía del líder de la oposición y sin notificárselo al propio regidor oleirense.