La concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueira, se confesó ayer «preocupada por lo que pueda decidir la Xunta sobre la ley de dependencia». Según indicó, «sabemos que las libranzas desde Madrid se hacen mes a mes para que las comunidades puedan tener suficiente dinero para hacer pagos a las personas dependientes», pero, sin embargo, los ayuntamientos no reciben el dinero más que una vez al año, generalmente en el mes de octubre, aseguró.
Las declaraciones de Susana López Abella, secretaria xeral de Familia e Benestar, que el martes admitió que no sería posible abonar este año las pagas a todas las personas beneficiarias de la ley de dependencia, alimenta la incertidumbre sobre si los municipios recibirán las cantidades adelantadas. «Es la duda que tenemos y me gustaría que pudiésemos empezar a hablar de qué va a suceder con esa cantidad tan importante que todos los meses adelantamos para ayuda a grandes dependientes valorados por la Xunta», indicó Longueira.
Cien subsidios
Aunque eludió hablar de una cuantía económica concreta, la concejala indicó que en estos momentos los Servicios Sociales municipales están anticipando ayudas a un centenar de beneficiarios de los subsidios establecidos según la normativa de autonomía personal.
7 millones de euros
Silvia Longueira se refirió a la financiación de la ley de dependencia en el marco de la presentación de la actividad desarrollada por la Concejalía de Servicios Sociales, que este año contará con 7 millones de euros para ayudas directas merced a la aportación que se sumará con la aprobación, en el pleno del próximo lunes, de una modificación presupuestaria para hacer frente a un posible incremento de la demanda. «Son acciones de emergencia social en un momentos de crisis económica global en el que no debe haber crisis de solidaridad», dijo.
Aseguró la concejala que el coruñés es uno de los ayuntamientos que mayores recursos aporta, en toda España, a este tipo de iniciativas, que se han integrado transversalmente en todas las áreas de actividad municipal a través de programas como el de canguros, desayunos escolares o las ayudas a la vivienda.
Indicó que en el caso específico de Servicios Sociales, las ayudas de emergencia social establecidas hace año y medio consisten en aportaciones de 240 euros mensuales hasta un máximo de 1.000, línea en la que en el 2008 se invirtieron 168.000 euros y «ahora se incrementarán las partidas en un 50%».
Longueira subrayó también la importancia capital de las más de 150 entidades asociativas con las que se mantienen convenios o acuerdos para la atención o asistencia a colectivos menos favorecidos o con dificultades.
Según los datos de la concejalía, el último año 58.747 personas, más del doble que el año anterior, se beneficiaron de ayudas directas, fundamentalmente a través de programas específicos. Además, se ha intensificado también la actividad en servicios de ayuda directa en los domicilios, ya sea de asistencia, comidas o reparaciones, terreno en el que destacó el apoyo prestado a más de 2.300 mayores de 65 años. Puntualizó la edila que «aquí había ayuda a domicilio mucho antes de la ley de dependencia, y más de un millar de personas ya estaban atendidas con cargo a los presupuestos municipales».
Paralelamente, indicó que el número de usuarios de programas sociales se incrementó en un 38% hasta rozar los 108.000, y se refirió al incremento de 21 a 29 en equipamientos sociales a los que este mismo año, señaló, se espera sumar los centros cívicos de Novo Mesoiro y Eirís, seguidos por A Silva y, ya en ejercicios siguientes, el Ágora.
Longueira criticó al PP, al que «le interesa salir en la foto», con acusaciones que tildó de infundadas. En concreto y sobre el centro Padre Rubinos, señaló que, al margen de 80.000 euros para el programa Calor y Café, «se ha cedido una parcela de 6 millones para la nueva residencia», y aseguró que acciones similares se han llevado a cabo con otras entidades.