Los nuevos expedientes se suman a los 14 ya en trámite en esta zona Entre ellos está el número 23 de Cordelería, que se desplomó el pasado mes de diciembre
12 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.ORZÁN 101 ORZÁN 127 ORZÁN 151 ORZÁN 186 ORZÁN 202 PASTORIZA 4 Y 6 SOL 1 ESTRECHA DE SAN ANDRÉS, 9 SAN ANDRÉS 13 VARELA SILVARI, 40, 44 Y 46 ?l próximo día 20 finalizará el plazo para que los propietarios de los 14 edificios en ruinas que expropiará el Ayuntamiento presenten las correspondientes alegaciones. El proceso de desafectación finalizará, con toda probabilidad, antes del verano. Para entonces, los técnicos municipales ya habrán terminado también el estudio que realizan de otros 6 edificios en ruinas para declarar su expropiación forzosa. Lo hacen, según indicaron los expertos, después de que los dueños de los inmuebles rehusaran, de forma reiterada, cumplir las indicaciones técnicas para su rehabilitación. Con la incorporación de estos seis nuevos edificios, el listado de inmuebles que podría desafectar el Ayuntamiento este año sumarían ya 20. Responsables municipales indicaron que las 6 nuevas casas afectadas están inscritas en el registro de solares y ubicadas en la zona protegida del ámbito Pepri, más en concreto en el área de Pescadería. «Estamos estudiando la situación de estos seis edificios, que están expedientados, pero sobre los que todavía no hay una decisión final. Todavía está sin decidir si finalmente serán expropiados o no, pero, por el momento, cumplen todos los requisitos para ello. Quizás, en algún caso, el expediente pueda quedarse en una simple sanción», explicaron técnicos municipales. Entre los seis nuevos edificios que podrían ser expropiados, se encuentra el situado en el número 23 de la calle Cordelería. Según comentaron desde el departamento de Urbanismo, «en este caso, lo más probable es que se ejecute la expropiación». De todas formas, aclararon que los propietarios todavía están a tiempo de remitir las autorizaciones y licencias pendientes que les reclamaba el Ayuntamiento. «Hay que tener en cuenta que, muchas veces, los incumplimientos son por demoras, no por falta de voluntad», indicaron responsables del Ayuntamiento. En cuanto a los otros 14 edificios expedientados pendientes de expropiación, desde el gobierno municipal aclararon que no todos los propietarios presentaron alegaciones. Sí adelantaron que la mayoría de las que se tramitaron estarán resueltas en el plazo de, aproximadamente, un mes. Advirtieron, de nuevo, que sólo se atenderán aquellas alegaciones «con peso» y con argumentos sólidos. Tal y como había anunciado el pasado 14 de diciembre la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Mar Barcón, los propietarios de los edificios que serán expropiados «no son, en su mayoría, individuales», sino compañías inmobiliarias. Además, «no corresponden con la foto de persona sin recursos. De hecho, en este caso no hay ninguno», explicaba la edil. Inquilinos Los pocos inquilinos que había en estas viviendas ya desalojaron los edificios hace tiempo. La del segundo piso del número 101 de la calle Orzán, lo hará en los próximos días. «Este mismo mes me voy. Aquí, en el pasillo, tengo las cajas de la mudanza. Ya compré un piso y estoy haciendo las maletas». Esta mujer explica que ya nada la ata a este hogar. Y más después de todos los problemas de humedades que ha padecido en los últimos años. «Este edificio estaba bien, no tenía problema alguno. Fue el número 7 de la plaza del Vista (anexo al 101 de la calle Orzán y en lamentable estado de conservación) el que ha arruinado toda la manzana». Esta inquilina, que prefiere no decir su nombre, asegura que no sólo arruinó su edificio, «también los otros dos que están pegados, porque el agua también les cae a chorro limpio». Deficiencias En otro de los edificios que el Ayuntamiento tiene previsto expropiar, el número 140 de San Andrés, continúan abiertos dos negocios: el bar Sugar y la pensión Puenteceso, cuyos gerentes también siguen viviendo en el segundo piso del inmueble. María del Carmen Guitián Martínez, la hija de la administradora de la pensión, explica que nadie les informó sobre la expropiación del edificio y que no han recibido ninguna notificación al respecto. «Sólo sé que el inquilino nos ofreció un millón de pesetas para que nos fuéramos. Pero nosotros llevamos aquí toda la vida. Mis padres se hicieron cargo del negocio en 1964 y pagaron entonces por el traspaso 375.000 pesetas. ¿A dónde nos vamos ahora?». Mari Carmen denuncia que en los últimos años el propietarios del edificio se ha desatendido por completo de su cuidado e, incluso, su familia sospecha que ciertas obras las hizo «para molestarnos y arruinar la casa». Ella dice que no son necesarios los puntales, pero sí arreglar los canalones, los problemas de humedad... y que su madre tuvo que pagar la instalación de una nueva uralita porque el dueño se desentendió. «Está claro que en esto hay gato encerrado», denuncia.