La medida se ponía en marcha el segundo fin de semana de julio del 2004: un sistema de vigilancia, consistente en cámaras de vídeo repartidas en puntos estratégicos, con las plazas de María Pita y el Humor como emplazamientos. El objetivo perseguido era el de recoger testimonios filmados de agresiones a personas o destrozos en el mobiliario urbano. En el caso de que se produjera alguna de estas incidencias, las cintas permitirían a la Policía Local localizar a sus responsables. Desde el primer momento, en el Ayuntamiento advirtieron de que no se trataba de vigilar a los participantes en los ya por entonces famosos «botellones». Explicaciones El sistema regresa ahora a la opinión pública de mano del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien se ha puesto en contacto con el gobierno local por segunda vez para que atienda una petición de la asociación Movemento Polos Dereitos Cidadáns (MPDC). El coordinador de este grupo, Renato Núñez, solicitó en diciembre del año pasado explicaciones al Concello al entender que se trataba de una medida atentatoria de la intimidad de los vecinos. Al no obtener respuesta, se puso en contacto con el Defensor del Pueblo. Éste remitió la petición al Ayuntamiento, que no dio cuenta en su réplica de las razones por las que no ofrecía explicaciones a Núñez. Ahora, por segunda vez, el Defensor del Pueblo se pone en contacto con el consistorio. Según Núñez, bajo la advertencia de que, como órgano administrativo, «tienen la obligación legal de dar una respuesta» al coordinador del MPDC.