«No se va a demoler el número 17 de Orillamar». Así de tajante se mostró ayer el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Javier Losada, ante la polémica desatada por la pregunta que el BNG planteó en el último pleno municipal sobre el derribo de este edificio protegido. Javier Losada subrayó que el gobierno local no ha concedido licencia para derribar este inmueble y que tampoco prevé hacerlo en el futuro, ya que se trata de una casa catalogada como protegida en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998. El concejal matizó que los permisos de demolición aprobados por el Ayuntamiento se refieren a los otros edificios situados en la misma manzana que el portal número 17. El 21 de enero del 2005 el gobierno local autorizó el derribo de varios inmuebles situados entre las calles Montroig, Orillamar y Atocha Baja. En concreto, hay permiso municipal para demoler los números 27, 29, 31 y 35 de Atocha Baja y el 21 de Orillamar. La réplica de Losada llega tras la denuncia del concejal nacionalista Mario López Rico, que en el pleno municipal del pasado martes dirigió al gobierno local una pregunta sobre el derribo de esta finca. Según subrayó López Rico, el número 17 de Orillamar cuenta con protección urbanística de nivel IV-A debido a «su interesante ornamentación con elementos comunes populares y porque dignifica una zona caracterizada por su arquitectura mediocre», según el PGOM. A pesar del nuevo clima de diálogo establecido en Galicia por el pacto del PSdeG y el BNG para gobernar la Xunta, la tensión sigue marcando las relaciones entre nacionalistas y socialistas en María Pita. Las acusaciones formuladas por López Rico, que expresó su temor por el inminente derribo del edificio protegido de Orillamar, fueron calificadas por Javier Losada como «mentiras» y «coacciones», ya que, según el edil, «nadie ha solicitado permiso de demolición ni el Ayuntamiento tiene intención de concederlo».