La muerte a navajazos de un recluso de la cárcel de Teixeiro a manos de otro en el patio de la prisión se ventiló la semana pasada en la Audiencia Provincial, donde un jurado popular declaró culpable de homicidio a José Sánchez, alias Arrebatos. Por unanimidad, consideró que el acusado mató de varias cuchilladas a Miguel Borja. La familia del fallecido no sólo exigía la condena del homicida, también la responsabilidad de la dirección de la prisión, a la que culpan de juntar a los dos reclusos en un mismo módulo a pesar de que seis meses antes del suceso la víctima le clavó tres cuchilladas al homicida. Por el momento, el juez dispone de unos días para fijar los años de cárcel para el procesado, que serán entre diez y quince. También tendrá que estudiar la responsabilidad del Estado en este homicidio, pues la muerte se produjo en el interior de la cárcel de Teixeiro y la acusación particular cree que la dirección de la prisión actuó con negligencia. Proceder correcto No opina así el abogado del Estado Antonio Vázquez Guillén, quien defendió la actuación del centro penitenciario de Teixeiro y resaltó que todos los funcionarios tuvieron un proceder correcto, «una cuestión que quedó suficientemente acreditada a lo largo del proceso». Sobre el traslado de módulo del recluso, sostuvo que estaba «perfectamente fundamentado en razones de tratamiento penitenciario» y que se basaba en dos informes realizados por distintos funcionarios. También defendió que en la cárcel de Teixeiro se cumplieron todas las normas de seguridad previstas en la ley, como pesquisas y cacheos periódicos. Respecto a la asistencia sanitaria, Vázquez Guillén recuerda que en ese centro penitenciario se dispone de más recursos médicos que los que marca la normativa. Así, en la cárcel de Teixeiro trabajan ocho médicos, nueve diplomados en enfermería, tres auxiliares de enfermería, un odontólogo, un psiquiatra, un pediatra y una farmacéutica.