Xunta y Concello detectan trampas de los padres para elegir el colegio de sus hijos
A CORUÑA
El engaño con los datos fiscales y de empadronamiento ha dado lugar a numerosas protestas ante la Administración La Consellería de Educación y el Ayuntamiento coruñés han detectado casos de padres que falsean datos fiscales o de empadronamiento para poder matricular a sus hijos en el colegio que desean. El problema se ha agravado este curso por el aumento de las protestas de los afectados, aquellas familias que quedan excluidas de los centros en detrimento de las que utilizan estas argucias. El Gobierno local ha intentado corregir la situación pidiendo a los padres certificados oficiales de la Agencia Tributaria, pero sólo lo puede exigir en las escuelas infantiles de titularidad municipal. Con la actual normativa, la Administración no tiene medios para impedir el engaño.
22 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Los ingresos familiares y la cercanía al colegio deseado son determinantes a la hora de lograr una plaza en los centros escolares de Infantil y Primaria, lo que todos los años lleva a numerosos padres a falsear de algún modo estos datos. Ante la extensión de esta práctica, despenalizada en el nuevo Código Penal, la Concejalía de Educación comenzó este mes a pedir a los padres certificaciones oficiales de Hacienda, en las que constan todos los ingresos de la unidad familiar, para contrastarlas con las declaraciones. Sin embargo, este requisito sólo se aplica en las cinco escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento, y para los padres que solicitan subvención en el precio. El resto de las guarderías y todos los colegios públicos y privados concertados se ciñen a la norma autonómica que regula la admisión de alumnos. Margen Contra las trampas en el empadronamiento, la Administración tiene menor margen para intervenir, por el derecho constitucional a la libre residencia y a cambiar de domicilio sin necesidad de dar explicaciones. La Consellería de Educación ha sido más cauta ante la situación. Alberto González Armesto, el delegado provincial, admite que «existen indicios de que hay algún problema, porque ha habido varias denuncias, pero con la ley en la mano no podemos hacer nada». González Armesto entiende las protestas de los padres que se sienten agraviados, «pero es una cuestión del padrón, de Hacienda y de la Logse, que es una ley orgánica».