Vista de apelación contra la condena de dos años y medio de cárcel para el secretario del Concello de Fisterra

En el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión para el ahora condenado


Carballo / La Voz

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogió ayer la vista de apelación contra la condena dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial, con el veredicto del tribunal del jurado, contra el que fue secretario municipal de Fisterra hasta la semana pasada, cuando se jubiló, José Ramón Lema, por falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La defensa, que ejerce el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, explicó antes de la celebración de la vista que había presentado recurso de apelación bajo el argumento de que para que se produzca una falsedad «se requiere de una habilidad que sea capaz de inducir a error a aquella persona a la que va dirigido», algo que, según él, no se ha producido en este caso. Argumentó que su patrocinado no era el «custodio de los dineros del Ayuntamiento», sino que lo son el alcalde y el tesorero y, por tanto, «falta un requisito para que pueda haber malversación». Y añadió: «Es preciso que esa persona tenga bajo su custodia fondos públicos, que se aproveche de ellos en su beneficio y sin permiso de la Administración». También apeló el letrado de la defensa a la existencia de un acuerdo entre el entonces regidor y el exsecretario por el que cobraría las horas hechas de más «cuando las arcas estuvieran más saneadas». «El alcalde y el jurado declaran probado que ese pacto existe», dijo el letrado para quien la «bonanza» existente en el Concello cuando el funcionario, ya jubilado, obtuvo distintas cantidades de dinero, entre el 2011 y 2012, es «incompatible con la malversación».

Gutiérrez Aranguren solicitó la revocación de la sentencia. De forma subsidiaria, y de no recogerse su petición de la absolución plantea, para la rebaja de la pena, la reparación del daño (devolvió hace dos años 6.000 de los 26.000 euros supuestamente sustraídos y dilaciones indebidas: «Se tardó ocho años entre los hechos y la celebración del juicio», esgrimió el letrado.

En el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión para el ahora condenado.

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