El derribo, ordenado por el Superior, podría haber costado casi un millón de euros
17 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha reconocido al Concello de Ponteceso la imposibilidad de ejecutar una de sus sentencias, relativa a la demolición de una parte de un edificio situado en la Agra de Rodríguez, en Corme. El fallo es firme desde el 2004, cuando anuló la licencia concedida por la comisión de gobierno en 1988.
La sentencia no solo es beneficiosa para los propietarios afectados, que compraron los pisos, sino para el resto de los vecinos, porque los técnicos habían calculado que el derribo de la parte que era ilegal hubiera costado casi un millón de euros, que deberían repercutirse a los dueños de los pisos, pero que, en un principio, tenía que afrontar el Ayuntamiento, algo que a lo que el alcalde, Lois García Carballido, no estaba dispuesto, «polos cartos que suponía para o Concello e polos que viven nos pisos».
La aceptación de que el derribo no puede efectuarse es solo una parte de los conseguido. El mecanismo inexorable de la Justicia se ha detenido en este punto, pero antes ya lo había hecho el de la legalidad urbanística, porque el edificio, de tres plantas, figura tal como es en realidad en el planeamiento urbanístico del 2015, cosa que no había sucedido en el del 2002.
La construcción promovida por Plácido García se había situado fuera de la legalidad porque no se ajustaba a la licencia. Durante la ejecución de la obra, uno de los laterales de la construcción sobresale entre 80 centímetros y dos metros del máximo permitido en el anterior PXOM. A tres de los pisos, los de la derecha, le sobran poco más de 5 metros cuadrados de superficie.
En principio, la eliminación de una pequeña porción de los pisos no sería demasiada pérdida, sino fuera porque precisamente en esa zona hay uno de los pilares que sustentan la construcción, según los informes técnicos que se han ido presentando a lo largo de todo el proceso.
El alcalde recordó que en Corme hubo que tirar hace ya años la última planta de un edificio y que costó 240.000 euros, además de otros 75.000 de indemnización al propietario.
El regidor señaló que aunque la obra no se ajustó a la licencia concedida, la policía urbanística depende del Concello, por lo que «non sería difícil considerar que o Concello é o responsable civil subsidiario».
El nuevo gobierno local decidió no arriesgarse y puso en manos de los servicios jurídicos de la Diputación la defensa de los intereses del Ayuntamiento y también de la comunidad de vecinos, formada por media docena de familias. Ahora queda al demandante concretar la indemnización a la que aspira por la imposibilidad de cumplir la sentencia que le afecta.
Bajo la amenaza de derribo y con un informe para proceder a la demolición
El camino recorrido hasta el último fallo del Superior, en el que se desestima la anulación de la licencia y se acepta la imposibilidad de cumplir la sentencia de derribo porque supondría tirar algo que tendría que volver a levantarse por las características concretas de la edificación y el peligro que habría de que se viniera todo abajo, los propietarios y el Concello han recorrido un largo camino. El proceso ha incluido la marcha hace un año del abogado Ulises Bértolo que había llevado el caso en defensa del Concello. El letrado ha representado a los exalcaldes de Ponteceso y Coristanco en otros procesos.
Tras el abandono, el gobierno local de Ponteceso decidió recurrir a los servicios jurídicos de la Diputación, que han dado los resultados esperados.
El edificio ha estado varias veces al borde de la piqueta porque el particular que denunció el caso reclamó el cumplimiento de la sentencia.
Uno de los últimos requerimientos del juzgado data de enero del pasado año. El fallo era de mayo del 2015. El Superior desestimaba que se tuviera en cuenta para la suspensión de la ejecución que el edificio había sigo legalizado en mayo del 2016.
No solo el Concello puso su parte. Los propietarios hicieron los deberes para que ese exceso de fondo no supusiera la desaparición de sus hogares. Contrataron un proyecto de legalización para un caso que estaba sentenciado desde el 2009, que se puso especialmente feo en el 2011 y que se revolvió en parte en el 2015, aunque no ha sido hasta el 2017 cuando la mayoría de los protagonistas han respirado.