Posiblemente el monte sea uno de los temas sobre los que más se ha legislado y al mismo tiempo sobre los que menos se ha actuado de manera efectiva. La regulación es necesaria para poner un mínimo de orden en una comuinidad autónoma en la que 2/3 de sus territorio está dedicada a usos forestales, con más de 700.000 propietarios y con una significativa presencia de las comunidades de montes, que gestionan 1/4 parte del territorio forestal de la región.
Por la excesiva dispersión de la propiedad y el minifundismo no resulta fácil establecer planes de aprovechamiento: solamente un 15% de los propietarios realizan cortas con regularidad y de las 2.800 comunidades de montes, son pocas las que tienen un plan integral de aprovechamiento más allá de las oportunidades coyunturales, como fue hace unos años la instalación de los aerogeneradores eólicos o antes plantaciones u otros usos agronómicos.
Con el Plan Forestal de Galicia se pretendía dotar al monte de competitividad, potenciando la producción de madera y otros aprovechamientos para generar actividad económica, riqueza y fijar población con un horizonte a 40 años vista. Desde entonces ha transcurrido la mitad del tiempo previsto y los avances no son los esperados, más gastos en apagar incendios que en ordenar, a pesar de que desde entonces ha habido varios impulsos legislativos auspiciados por las sucesivas Administraciones. A día de hoy seguimos con unos porcentajes de terreno improductivo considerables comparados con el norte de Europa.
En cuanto a las comunidades de montes, si bien es cierto que bastantes están poco activas, procede reconocer el dinamismo de algunas que, bien dirigidas, han establecidos sus planes para un aprovechamiento integral del potencial productivo del monte: aprovechamientos silvopastoriles y otros usos asociados que integran lo económico, lo ambiental y lo social y que pueden multiplicar sus efectos en un marco de desarrollo sostenible, el único posible a largo plazo.