Desde una óptica personal, todo lo que suene a prohibición o limitación, como usuario de vehículos, siempre me ha resultado desagradable.
Es obvio que la circulación requiere una regulación ordenada, pero no lo es menos que debe ir con los tiempos, tanto en el plano educativo como en el tecnológico. Los debates sobre los límites de velocidad vienen, con frecuencia, sesgados por componentes alejados de la realidad objetiva, cual es el uso racional de nuestras vías. Pero impera la necesidad de regular que, en no pocas ocasiones, esconde motivos espurios, entre los que destaca, casi siempre, el afán recaudatorio de la administración. Las velocidades máximas actualmente vigentes para zona urbana son adecuadas, y en un lugar como Carballo no necesitan mayor remodelación.
Es simplemente sentido común: a nadie en su sano juicio se le pasa por la cabeza recorrer la calle Desiderio Varela a 50 km/h. Por otra parte, poco importa que se limite a 20 km/h una vía donde hay una limitación de 40, si un insensato decide transmutarse en Fernando Alonso y conducir su vehículo a 80 km/h. Si no le cazan, el daño ya está hecho. De ahí que el tema se derive a la educación (como casi todo), y la estricta aplicación de la norma, que por sí sola es suficiente para corregir los excesos de quienes pretenden hacer de los viales de una localidad un circuito de pruebas.
Las trabas que sufren la inmensa mayoría de los conductores que se comportan de forma sensata al volante (o al manillar), ya sea en forma de elevaciones con pendientes imposibles, badenes en la calzada o cualquier otro obstáculo, acaban dificultando el día a día del sufrido ciudadano medio, que a la odisea de encontrar un lugar donde aparcar de forma decente debe añadir la de superar, previamente, una gymkana indigna del siglo XXI.