Arteixo La junta de gobierno y técnicos municipales declararon ayer en el juzgado La necesidad de una modificación de las normas antes de dar la autorización es el motivo del litigio
02 mar 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Por un posible delito contra la ordenación del territorio y por desobediencia grave fueron a declarar ayer, en el juzgado de instrucción número 4 de A Coruña, el alcalde de Arteixo, Manuel Pose Miñones, y los concejales que aprobaron en el 2001 en una junta de gobierno otorgar licencia para construir una nueva iglesia en el entorno del paseo fluvial. También fueron citados la secretaria municipal, María Esther Álvarez, y el arquitecto, Julio Ameneiro, como autores de los informes técnicos favorables. «Todo canto fixemos estaba ben feito», aseguró Pose Miñones, aunque reconoció que por obediencia y siguiendo un criterio de la Xunta se anuló posteriormente la licencia que se había concedido al inmueble, cuando estaba a medio construir. El regidor arteixán rechazó que fuera necesario un cambio puntual de las normas subsidiarias previo a la concesión de la autorización, cuestión que originó que la Fiscalía, a instancias del BNG, denunciara los hechos ante el juez. Si bien en el informe técnico por el que se concedió la licencia de construcción del templo se explica que se iniciaría la tramitación de la modificación de la normativa urbanística finalmente no se realizó hasta que la Xunta lo requirió. Pose auguró que las diligencias judiciales serán sobreseídas, ya que asegura que todos los informes técnicos sobre la iglesia coinciden con su decisión. Isabel Vila, José Márquez, José Ramón Losada, Juan Rey, Manuel Merelas y Manuel López Torres, los políticos que aprobaron la licencia, junto a José Andrés Gayoso, que no asistió ya que se encontraba enfermo, apuntaron ante el juez que respaldaron esta acción siguiendo criterios técnicos. El alcalde reiteró ayer que de no haberlo hecho podrían haber incurrido en prevaricación y desvinculó la anulación de la reparcelación del entorno de la iglesia de esta polémica. Aseguró que algunas unidades de ejecución deben reducir su edificabilidad al no haberse tramitado antes de final de año.