LA VÍA PENAL
13 ago 2003 . Actualizado a las 07:00 h.En la maraña jurídica de las elecciones de Fisterra, en la que el derecho administrativo ocupa buena parte de las actuaciones, no hay que olvidar el proceso penal abierto por la falsificación de las certificaciones censales emitidas desde Argentina, que instruye el juzgado número uno de Corcubión, y que son el origen de todo el problema. Una de las partes, el CDI, cuyas papeletas aparecían en los sobres emitidos que llegaron fuera de plazo, ha solicitado a la jueza que envíe una comisión rogatoria a Argentina para que tome declaración a J.F.M, de 78 años, residente en Lanus Este, a quien corresponde el número de la certificación fotocopiada. También pide que esa comisión solicite los originales de los certificados enviados el 21 de mayo a la mesa número uno (cuatro días antes de las elecciones) en la Oficina del Correo Argentino de la ciudad de Córdoba, informando de la identidad del remitente. El CDI pide que todos los partidos que viajaron a Argentina digan qué personas lo hicieron, y cuándo, y se les tome prueba caligráfica. El candidato y edil electo Xan García dijo ayer: «Quixéronme meter o marrón, pero algún vaise acordar de Xan García mentras viva».