Arropada por todos sus compañeros, con el alcalde, Manuel Ruiz, al frente, el martes dimitía Ana Ruiz, edila de Servizos Sociais de Ribeira. El motivo fue la intervención de la Policía Local y de la Policía Nacional en un local del que es copropietaria, donde su hijo celebraba el pasado fin de semana una fiesta de cumpleaños, en compañía de un numeroso grupo de jóvenes.
Vaya por delante que hay muchos políticos que ante errores como este, actos más graves e, incluso, posibles delitos no asumen su responsabilidad y dejan el cargo. Pero la decisión de la edila debería ser lo normal en la política, no algo extraordinario. Porque en ella se actúa en la esfera pública, por tanto -a mayores de las responsabilidades que se nos pueden exigir a todos ante los Tribunales- están expuestos al juicio de los ciudadanos y a una mayor exigencia en la observancia de las normas.
No me parece reprobable que otros partidos pidiesen su dimisión. Es lo lógico, siempre que se haga sin sobreactuaciones. También se pedía en los foros de hostelería, especialmente ofendidos con el hecho.
La cuestión es grave y no admite excusa. Por la especial situación que vivimos en general y por el delicado momento que atraviesa Ribeira. El interior de los locales de hostelería está cerrado y la prohibición de reuniones privadas de más de cuatro no convivientes es pública. No se puede aducir que se ha escapado de las manos. Y menos si es un cargo público que, se supone, debería estar vigilante de las normas. Dicho lo cual, asunto zanjado de la forma prevista en democracia. No hay lugar a otras diatribas.