La verdad es que visto todo el proceso por el que ha pasado esta explotación, con sus idas y venidas, la cosa no huele muy bien. Desde la sorprendente salida de Sacyr hace casi un par de años, traspasando a una más que sospechosa firma australiana, hasta los permisos otorgados por la Xunta a Tungsten San Finx, S.L. para verter las aguas que inundan sus galerías.
Se extraña la empresa y la Administración de la alarma social. Parece que obvian una serie de cuestiones que son palmarias hasta para el más lerdo. La primera es que estamos en un Estado de Derecho regido por un conjunto de normas que afectan al conjunto de personas físicas y jurídicas que viven o tienen actividad en él. Por lo tanto, en teoría, nadie puede pretender hacer valer una posición mejorada ante otros por su estatus económico o social.
La segunda, y no menos importante, es que la actividad que pretende desarrollar esa empresa, con una repercusión social limitada a un pequeño número de socios, pone en riesgo —que parece no suficientemente valorado o tasado— la actividad de miles de personas. Y, por último, que las experiencias en este sentido nos invitan a ser muy pesimistas con la gestión de esa actividad y el posible daño al medio ambiente.
Por todo ello las preguntas son las siguientes: ¿Compensa a Galicia —por tanto a la Xunta que debe velar por el interés de los gallegos— asumir este riesgo? Creo que no. Pero si la respuesta es afirmativa, ¿puede alguien decir de una vez cuál es el beneficio? Y ya puestos, ¿por qué Sacyr hace un simpa de responsabilidad civil?