Estamos comprobando como el Gobierno sigue manteniendo el estado de alarma, confinando a todos los ciudadanos sin remisión; una situación que más bien parece un estado de excepción, o quizá deberíamos llamarlo estado de sitio. En este país se presupone de antemano que todo el mundo anda contagiando el dichoso virus. Pues bien, la ley señala tasadamente los derechos que pueden ser objeto de suspensión (artículo 55.1 de la Constitución) y, entre ellos, el derecho a la libertad. Además, la Ley Orgánica 4/1981 pone las condiciones: medidas indispensables, proporcionadas y temporales; y ello solo para los efectos del estado de sitio, mucho ojo, que no es el caso actual. En este estado de alarma no se pueden suspender o restringir los derechos fundamentales de las personas.
Vamos a ver que tiene que decir sobre esto el Tribunal Constitucional español, si se moja o no ante este injusto proceder del Gobierno y ejerce como órgano jurisdiccional de control, garantizando a los administrados sus derechos sin tener necesidad de acudir a un contencioso. O esconde el ala como hizo con las preferentes o con las cláusulas suelo. Sería bien, si se decide, que anulara las denuncias que llevan redactas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que la suspensión de derechos (el de libertad de movimientos) no cabe en el estado de alarma decretado. En tal situación, el excesivo celo de las autoridades policiales hace que se generen una gran cascada de multas, que pueden seguir el cauce procesal o administrativo, entorpeciendo más aún la labor de los juzgados; y, lo más importante, difícilmente son compatibles con las normas constitucionales, cuando los poderes públicos se sitúan fuera de ellas. Como bien dice el jurista Villagómez: «No debemos esperar milagros de este Tribunal Constitucional». Es hora de poner las cosas en su sitio, y dejarse de alarmar tanto al personal.
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