Desde que la Consellería de Mar decidió promulgar, allá por el 2008, la actual de Lei de Pesca de Galicia, en las cofradías de pescadores nos hemos encontrado con una situación singular provocada por la prolongación indefinida de los órganos rectores superando, con creces, la duración máxima del mandato de cuatro años para el que fueron elegidos, imponiéndose una situación de parálisis democrática que, muchos creíamos, se hallaba desterrada desde hacía décadas.
Inicialmente, la excusa que se nos dio no nos parecía muy convincente, aunque fue aceptada por su aparente provisionalidad y por un sentido profundo de la responsabilidad de todos los patrones mayores. Nos ilusionaban con que Mar convocaría elecciones con un calendario unificado en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha normativa. Los cándidos pronósticos para la convocatoria se transformaron en cinco años de agónica espera y, lo que es más incomprensible, ningún responsable ha dado un paso al frente para disculparse.
Por lo que estamos comprobando, cuesta creer que el tiempo y los recursos invertidos en tan magna obra legal pudiera necesitar de tantos años para alcanzar unos resultados tan decepcionantes desde el momento en el que se está viendo que el nuevo modelo de proceso electoral está cargado de contradicciones, lagunas y vacíos que, malamente, se solucionan mediante mensajes por teléfono y por correo electrónico a la consellería.
Pero hay más. Tampoco no se han preocupado en aclarar si los estatutos de las cofradías se encuentran en vigor o han sido derogados por el Decreto 8/2014, si los censos electorales pueden llegar a ser modificados arbitrariamente por la Xunta sin mediar denuncia de los socios o de los órganos de los pósitos, si es factible una campaña electoral cuando los candidatos no tienen a su disposición las papeletas de voto para promocionarse, si los candidatos podrán contar con apoderados o interventores en el día de las votaciones para garantizar su transparencia y desarrollo.
Han empeorado la anterior fórmula electoral en cuanto a garantizar los principios democráticos de objetividad, pluralidad e igualdad así como el derecho constitucional al sufragio. Nos dan buena idea de la improvisación que reina de un tiempo a esta parte en una consellería que, desde su fusión con Medio Rural, deja en segundo plano al sector del mar. A sus actos me remito.