La Iglesia compostelana ha descubierto a tiempo el empleo de documentos de emisión ilegal elaborados para agilizar bodas, en su mayoría, entre españoles e inmigrantes con el objetivo de que estos últimos «obtengan el permiso de residencia y/o su ampliación, accediendo así más fácilmente a un contrato de trabajo y a una estancia prolongada». Así figura explicado en la página 60 del Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago (BOAS) del mes de enero, difundido ayer entre el público general. «Se ha detectado la falsificación de certificaciones de bautismo y de testimonios de soltería. Ante estas circunstancias, procede actuar con extrema cautela», revela la mencionada revista.
Esta información figura dentro de un capítulo del BOAS titulado Elenco de disposiciones para el 2008, 49 folios donde se detallan, entre otras cuestiones, cómo, cuándo, porqué y dónde celebrar o no los sacramentos. La institución que dirige monseñor Barrio dedica un epígrafe completo de estas normas a las denominadas uniones de conveniencia. «La generalización del fenómeno referido -puede leerse ahí- obliga a ser muy cautos en la tramitación de expedientes matrimoniales de aquellos inmigrantes que no tengan el domicilio en la parroquia a la que acudan a casarse. Se han constatado casos de algunos que anduvieron ''peregrinando'' de parroquia en parroquia tratando de buscar un sacerdote que fuera ''comprensivo y menos exigente''». Y añade: «Se encarece a los encargados de la pastoral el fiel cumplimiento de las disposiciones canónicas y de la legislación civil en lo referente» a esta materia.
Siete casos en noviembre
La profusión con la que el BOAS aborda el asunto obedece, según la propia revista, a un episodio sucedido en noviembre del 2007, si bien da a entender que los motivos deben extenderse a más casos, por mor de «varias situaciones irregulares que se están produciendo». En aquel mes, de acuerdo con la misma fuente, siete nigerianos y otras tantas mujeres naturales del Levante español intentaron gestionar en bloque sendos matrimonios en un templo urbano de la ciudad, peticiones que el equipo de Barrio, percatándose de la maniobra, decidió denegar sin vacilación alguna.
El Arzobispado aclara en su medio de comunicación con los curas bajo su gobierno (615 repartidos por 105 concellos de A Coruña y Pontevedra) que los extranjeros «seguirán encontrando en las instituciones de nuestra diócesis las atenciones humanas, pastorales y religiosas que sean propias de la Iglesia católica». «Con las disposiciones precedentes -abunda- no se trata de ''sancionar'' a la inmensa mayoría de los inmigrantes», sino de «defender la propia dignidad de estos y de evitar la extorsión de grupos de presión» dedicados a la organización de bodas de conveniencia.