BAJAMAR | O |
22 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.HACE ESCASAS fechas, en un medio de comunicación se le preguntaba a un marinero de bajura gallego si había mucho furtivismo en su sector y la respuesta fue contundente: «Depende de las capturas, sin duda, cuando hay pocos ingresos aumenta el furtivismo». Entonces habría que preguntarse, ¿quién tiene la culpa de la pesca ilegal?. Dentro del furtivismo, los hay de subsistencia y quienes se dedican a la pesca pirata, engrosando considerablemente su patrimonio personal y dañando la imagen de una gran parte de los marineros gallegos. Algunas organizaciones no gubernamentales realizan una enriquecedora y fructífera labor de denuncia sobre la pesca ilegal, como Greenpeace, Oceana, Wwf/Adena, Colto y otras que disponen de una interesantísima información sobre estas actividades ilegales, con historiales de buques, nombres de compañías armadoras y fotografías de barcos acusados de practicar pesca ilegal, la mayoría de los cuales utilizan banderas de conveniencia. Todas estas situaciones llevan a la sobreexplotación de las especies, la merma de los caladeros y a la esquilmación de los recursos. Según datos de Naciones Unidas, una cuarta parte de las capturas mundiales son descartes, lo que constituye 30 millones de toneladas de vida arrebatadas al océano. Más de 250.000 tortugas, 300.000 mamíferos marinos y 100.000 aves mueren cada año asfixiados en las redes. Los palangreros matan anualmente unos 4,4 millones de tiburones, tortugas, pájaros, peces espada y mamíferos marinos, todo ello sólo en el Pacífico. Con situaciones así se crean auténticos mares sin peces y redes mafiosas de crímenes organizados, amparadas por gobiernos corruptos que otorgan banderas a los pesqueros furtivos y que la organización internacional de pescadores legales, Colto, se encargó de desenmascarar. Desgraciadamente, dentro de esta relación de furtivos se incluye a una organización gallega muy amplia que se ampara en las banderas de conveniencia que les otorgan complacientemente las autoridades y funcionarios de lugares como Uruguay, Mauricio, Mozambique, Singapur y Namibia, entre otros.