Se enfrenta a seis años de cárcel y a pagar 66.000 euros La acusación le atribuye los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento
27 mar 2006 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra José Carlos Romero Veiga, al que acusa de ser el autor de sendos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, presuntamente cometidos durante parte de su etapa como director de la sucursal del BBVA en Porto do Son. El acusador pide seis años de prisión para el procesado, además de reclamarle el pago de indemnizaciones por valor de 66.000 euros. La fiscalía hace constar en su requerimiento que Romero Veiga entró a trabajar como empleado de la citada entidad financiera en 1969 y que, en la oficina sonense, desempeñó el cargo de director entre julio de 1995 y mediados de febrero de 1998, momento en el que fue suspendido de empleo y sueldo y posteriormente despedido, una rescisión contractual que fue declarada procedente. El fiscal considera probado que, entre febrero de 1996 y ese mismo mes de 1998, José Carlos Romero dispuso, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, de cantidades económicas que le entregaron clientes del banco con los que tenía confianza, para suscribir préstamos ficticios o por importes superiores a los solicitados, entre otras operaciones. El acusador mantiene que, como consecuencia de esas irregularidades, se produjeron diferencias contables y el banco tuvo que reintegrar unas sumas de dinero a una serie de clientes afectados. Sin embargo, menciona a otros seis, que también considera perjudicados, a los que la entidad no indemnizó. Para cinco de estos últimos, porque uno de ellos renunció a emprender acciones civiles, es para los que la Fiscalía solicita el pago total de casi 11.000 euros por parte del acusado, a los que habría que añadir una cuantía que está pendiente de determinar en ejecución de sentencia. Asimismo, el ministerio fiscal reclama a José Carlos Romero Veiga que indemnice al BBVA en 55.148 euros. Por lo que respecta a la responsabilidad penal, la petición asciende a cuatro años de prisión por el delito de apropiación indebida, y a otros dos por el de falsedad documental; además de multa de 20 meses, a seis euros diarios.