Otro de los frentes abiertos en A Illa se refiere a la situación de las mariscadoras esposas de bateeiros a las que la Consellería de Pesca les retiró el permiso de explotación marisquera (pérmex). El conflicto estalló en enero, pero la manga ancha de la consellería y la propia cofradía para permitirles que siguieran bajando a la playa fueron suficientes para calmar los ánimos. Pero la Consellería de Pesca ya resolvió los recursos de las mariscadoras a las que se les denegó el pérmex, y lo hizo negativamente. Las cartas empiezan a llegar a las casas y la cofradía, en virtud de estas resoluciones, ya empezó a cribar las listas de mariscadoras retirándo a muchas de ellas de la vigilancia y de las pesas. Esto hizo saltar nuevamente la alarma en el colectivo lo que llevó a medio centenar de mujeres a concentrarse en los locales del pósito. En principio sólo estaba prevista una reunión entre el delegado sindical de la CIG, Salvador Ribadomar, -que asesora a las afectadas- y los responsables de la junta general, con el patrón mayor al frente. Pero finalmente en el encuentro participaron también parte de las mariscadoras afectadas por las restricciones. Éstas tuvieron que insistir y presionar y, en contra de las intenciones iniciales de la dirección de la cofradía, se acordó hacer un nuevo intento en común para tratar de resolver la situación. El acuerdo consistió en solicitar una nueva cita con los dirigentes de la Consellería de Pesca lo más pronto posible para tratar esta situación. Pero la crisis en la que ha entrado la cofradía desde ayer, con la dimisión del patrón mayor, podría afectar a estos planes. De momento, hoy hay seca y las mujeres tienen previsto bajar a la playa como un día cualquiera. El compromiso adquirido por la junta general es que no pondrían impedimento. En estos momentos son ochenta las mujeres que han perdido el pérmex. Se trata de esposas de bateeiros que figuran como titulares o cotitulares de la concesión marítima y que, en virtud del decreto 425/93 quedan inhabilitadas para ejercer el marisqueo. La Xunta les dio la opción de sortear este impedimento haciendo un trámite notarial para renunciar a sus derechos sobre la batea, pero éstas se negaron alegando que se estaba atentando contra sus derechos. De las ochenta afectadas, unas cincuenta han decidido ir más allá y han presentado un contencioso administrativo contra la Xunta por este polémico decreto. El conselleiro López Veiga ya advirtió hace tres meses que la norma no se iba a cambiar.