La obligación de velar por un monte limpio asfixia a los concellos

Los alcaldes se quejan de la carga de trabajo que implica localizar a los propietarios


vilagarcía / la voz

La obligación de mantener limpias las franjas de protección de cincuenta metros alrededor de núcleos urbanos y rústicos está trayendo de cabeza a la administración municipal. Aunque la Lei de Montes está vigente desde el 2012, no ha sido hasta esta primavera cuando la Xunta se ha propuesto que se cumpla, a la vista del desastre que causaron los incendios el pasado verano. El 31 de mayo concluyó el plazo para que los propietarios limpien sus fincas, pero no todos han hecho los deberes, de manera que ahora les toca a los concellos velar por el cumplimiento de la ley.

No está siendo una tarea sencilla, especialmente para los más pequeños. Desde principios de junio se constata un incremento notable en el número de notificaciones cursadas a los propietarios. En Cambados suman 1.200; en Meis, 267 y en Valga y Ribadumia superan el centenar.

Pero esta tramitación no se salda habitualmente con un simple papel. En el mejor de los casos, la persona apercibida para que limpie su propiedad lo hace a la primera, con el fin de ahorrarse una multa, pero hay otras muchas casuísticas: que no sea posible localizar al propietario, que no se dé por notificado o que, simplemente, se niegue a cumplir la normativa. En ese caso se inicia un complejo y largo procedimiento que abarca consultas al Catastro, publicaciones en los boletines oficiales, apertura de expedientes sancionadores, imposición de multas coercitivas y, en los casos más drásticos, la actuación de oficio por parte de la Administración local. Ante el problema que representa entrar en una propiedad privada, algunos concellos ya han tomado medidas. El gobierno de Ribadumia celebra una reunión mañana con un equipo jurídico con el fin de establecer un protocolo que les oriente a la hora de intervenir en estos casos. «Vémonos indefensos, non sabemos como actuar», explica el alcalde, David Castro.

Pueden pasar meses antes de finalizar el procedimiento, y no todos los ayuntamientos disponen de personal para asumir esta carga de trabajo. Los más afortunados, caso de Cambados, cuentan con un técnico de Medio Ambiente contratado a través de la Diputación que está realizando esta tarea, pero es la excepción. En este Concello, han cursado en los últimos tres meses 1.200 notificaciones, de las cuales entre el diez y el veinte por ciento de los propietarios no han podido ser identificados.

Es entonces cuando la administración local se ve obligada a intervenir e iniciar el procedimiento para limpiar las fincas de forma subsidiaria. Es decir, asumiendo las talas y desbroces con medios y fondos propios -el coste medio es de 1.500 euros por hectárea el primer año- que está por ver si podrá recuperar.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Seaga y la Xunta firmaron un convenio con el fin de ayudar a los ayuntamientos a financiar estos trabajos, pero no se está aplicando todavía.

Reclaman ayudas

Valga es uno de los concellos que va a solicitar la adhesión al mismo, pero eso no evita que su alcalde, José María Bello Maneiro, se lamente por la actual situación. «É un traballo que non compete aos concellos, que acatamos como facemos sempre, pero non comparto que se aproben leis e se descargue sempre a responsabilidade da súa execución nos concellos sen achega económica algunha», dice el popular.

El alcalde de A Illa se suma a las criticas. «Á Xunta do PP gústalle cargar de competencias aos concellos que logo non subvenciona. Levan anos escurrindo o bulto e pagándoas el tonto del pueblo», señala el socialista Carlos Iglesias, que ya trasladó su malestar al consello federal de la Fegamp, del que forma parte.

Al económico y de operatividad interna, se suma un tercer problema. Obligar a los vecinos a limpiar sus fincas, bajo amenaza de multa, no siempre es tarea grata para unos políticos que dentro ocho meses llamarán a sus casas para pedirles el voto.

Pasan años buscando a los dueños de las fincas en Argentina o Venezuela

Son solo dos ejemplos que sirven para la ilustrar la situación con la que se encuentran los concellos. El de Meis lleva dos años intentando contactar con los propietarios de una finca situada en Paradela para que procedan a su limpieza, y le ha sido imposible. La única referencia que han conseguido sitúa a la propietaria en una dirección de Madrid, pero allí nadie coge las cartas. Por las informaciones recabadas entre los vecinos de la parroquia, se sospecha que la dueña de la finca acabó viajando a Argentina, y que ya murió, pero tampoco hay constancia oficial.

El tiempo pasa y la maleza crece, de modo que el Concello tendrá que actuar de oficio. Si se tratase de un simple desbroce, ya estaría hecho, pero se trata de una tala en toda regla, para la que la administración municipal carece de maquinaria, de modo que, una vez salvado un tortuoso procedimiento jurídico-administrativo para poder entrar en una propiedad privada, tendrá que contratar los servicios de un maderero. Le cuesta 2.600 euros, un dinero que no hay a quien reclamar y que, por tanto, saldrán de las arcas locales.

En Ribadumia también están tratando de localizar a los propietarios de una parcela, que sus noticias sitúan en Argentina. Y en A Illa están lidiando con un caso similar al otro lado del Atlántico. La finca en cuestión pertenece a un vecino que emigró hace décadas a Venezuela y del que nada se ha vuelto a saber. La familia no se da por enterada a efectos de notificaciones y el Concello se ve con las manos atadas.

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