Ocho cargos políticos arousanos cobran más de 50.000 euros al año

La reciente publicación de las percepciones salariales de las alcaldías españolas, difundidas esta semana por el Ministerio de Política Territorial, reabre el debate sobre la retribución que los cargos de representación política deben cobrar por su dedicación al servicio público. Obviamente, los diferentes niveles de la Administración van mucho más allá de los aparatos municipales. De hecho, un viaje de comprobación a través de los sueldos asignados por el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados o el aparato de la Xunta desvela que los alcaldes arousanos están lejos de ser los políticos de esta comarca mejor pagados. Ocho de ellos, cuyas funciones son ajenas a la dinámica local, rebasan los 50.000 euros brutos anuales.

Encabeza este particular ránking la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, la popular Sagrario Franco, a quien el portal de transparencia de Puertos del Estado atribuyó el año pasado 78.969 euros. En general, este es un ámbito muy bien pagado -recordemos que el salario oficial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, alcanza los 80.000 euros- dentro de la estructura del Ministerio de Fomento, del que depende. Con eso y con todo, Franco es la presidenta de los cinco puertos gallegos de interés general que menos cobra. Los otros cuatro se van, de hecho, por encima de los 80.000 euros anuales, con A Coruña y sus 84.578 euros a la cabeza.

Le sigue muy de cerca el exalcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, que en el 2016 se incorporó al Congreso de los Diputados por el PP. El régimen económico aprobado para este año señala 78.672 euros brutos anuales, divididos en tres conceptos: una asignación idéntica para todos los diputados, de 2.891 euros mensuales; una indemnización de 1.874 euros como parlamentario de una circunscripción ajena a Madrid; y dos complementos de 1.075 euros como vicepresidente de la comisión de investigación del accidente del vuelo de Spanair, y 716 euros, en su calidad de portavoz adjunto de la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

En un nivel inferior se sitúan los tres diputados autonómicos que la comarca sienta en Santiago. Según el portal de transparencia de la Xunta, la nacionalista Montserrat Prado cobró el año pasado 64.174 euros por los 63.355 euros que percibió la popular Marta Rodríguez Arias y los 60.815 que ingresó el socialista Julio Torrado. Las diferencias, que como se ve son cortas, no tienen que ver con su retribución fija como parlamentarios, sino con capítulos menores como las indemnizaciones por gastos para el desempeño de sus funciones y locomoción. En su misma franja salarial se coloca la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Vilaxoán, Covadonga Salgado, quien redondeó un sueldo de 61.470 euros en el 2017.

Tampoco se encuentran muy por debajo los dos políticos arousanos que cierran este grupo de ocho. Se trata del cambadés José Manuel Cores Tourís, que desempeña la delegación territorial de la Xunta en el norte de la provincia de Pontevedra tras una prolongada y variada trayectoria en la alcaldía y en el Senado. Tourís cobra lo mismo que el vilanovés José Juan Durán como presidente de Portos de Galicia: 57.079 euros brutos al año

Durán es el mejor pagado y Varela el más barato en un ránking que penaliza a los más pequeños

Por lo que respecta a las alcaldías, el popular Gonzalo Durán es quien percibe el mayor salario por su papel al frente del Concello de Vilanova, con 50.000 euros brutos anuales. No es, sin embargo, el regidor que más caro les resulta a sus vecinos, 4,83 euros por habitante. Se queda en un término medio entre el más barato, Alberto Varela, en Vilagarcía, con 1,2 euros por habitante, y el más caro, Carlos Iglesias, en A Illa, con 8,8 euros. Gañemos Vilanova considera, no obstante, poco menos que un escándalo que Durán cobre esta cantidad en uno de los concellos, asegura, «máis endebedados de Galicia».

La combinación de las retribuciones brutas con el padrón penaliza a los alcaldes de los municipios de pequeño tamaño, que en buena lógica obtienen resultados más caros por habitante que sus homólogos de poblaciones mayores. Seage, en Cesures, que cobra 18.200 euros por una dedicación parcial, sale, así, bastante más caro que Fátima Abal en Cambados: 5,9 euros frente a 2,8 euros por habitante.