El juicio se fijó para octubre del 1999 pero la depresión de la principal encausada, la lalinense Elena Toimil, obligó a suspender la vista que acabó celebrándose un año después en la Audiencia
21 oct 2025 . Actualizado a las 13:56 h.En octubre de 1999 se reservaban cuatro días, del 25 al 28 de ese mismo mes, en la Audiencia de Pontevedra para enjuiciar a una mujer, dos médicos y un abogado en relación con una supuesta trama de fraude de pensiones en la comarca de Deza. La principal encausada era una lalinense: Elena Toimil Batán. Fue la denominada «trama de los inválidos» y se les acusaba de participar en una trama fraudulenta por la que conseguían pensiones de incapacidad a particulares que no tenían derecho a ellas, a cambio del cobro de cantidades que oscilaban entre las cien mil y un millón de las antiguas pesetas.
El caso saltó en un registro que la Policía realizó el 12 de julio de 1993 en el domicilio de Elena Toimil, en la calle Wenceslao Calvo Garra de Lalín. Unos días antes había sido detenida en la localidad, junto con otras tres personas, al habérsele incautado dólares falsos por un importe de 40 millones de las antiguas pesetas. Un delito por el que fue condenada por sentencia firme el 23 de abril de 1997. En el registro a su domicilio, los agentes encontraron informes médicos y documentos de la Seguridad Social de muchos beneficiarios de pensiones de la zona.
Se consideraba que una amiga de Toimil, Manuela Repilado, colaboraba con ella en la trama de las pensiones. Fue detenida junto con Toimil en 1993 en Lalín pero fue asesinada a hachazos en la casa de Elena Toimil tenía en la parroquia lalinense de Donramiro en agosto de 1998. Un crimen que sigue impune ya que pese a las investigaciones y los años transcurridos no se descubrió aún quién acabó con la vida de la mujer.
El juicio de las pensiones no se llegó a celebrar en esa fecha y se suspendió por depresión de Toimil después de que la Audiencia Provincial recibiera un fax y un certificado médico que decía que la mujer sufría un cuadro de depresión y ansiedad. El tribunal optó por suspender la vista hasta tener un informe médico. A la vista estaban citados 55 testigos de la comarca y el fiscal solicitaba 22 años de prisión para los cuatro encausados.
Finalmente el juicio se celebraría un año después, a finales de noviembre del año 2000. En la sala, Elena Toimil, considerada el «verdadero factótum» del fraude, solo dijo entre sollozos, que los hechos «son inciertos» y que era «incapaz de declarar». Sí prestaron declaración los otros tres imputados: dos médicos y un abogado. Los dos galenos admitieron que Elena Toimil llevaba a sus respectivas consultas a enfermos pero aseguraron que jamás emitieron ningún informe falso. Algunos beneficiarios de las pensiones reconocieron, en la fase de instrucción del caso, que no habían sido reconocidos por ningún médico.
La mayoría de los más de medio centenar de testigos llamados a declarar en la sala eran beneficiarios de las pensiones presuntamente fraudulentas y vecinos de Lalín, Silleda, Rodeiro, Vila de Cruces y A Estrada. Un perito afirmó en el juicio que había informes médicos manipulados.
Los hechos que se enjuiciaron habían tenido lugar supuestamente entre 1989 y el año 1990. Al final del juicio, el fiscal retiró los cargos contra el abogado y redujo a seis meses de arresto mayor e inhabilitación la pena solicitada para los dos médicos rebajando también la pedida para Toimil. Finalmente, la sentencia se daba a conocer en el 2001. Toimil fue la única condenada a una pena de tres años de prisión menor y el pago de una multa de 300.000 pesetas y a otra de cinco meses de arresto mayor. En el 2005 fue indultada por el Gobierno central con una reducción de condena a dos años de prisión.
La trama, que tuvo gran eco en la zona e hizo correr ríos de tinta, no fue el único caso en el que la lalinense se vio implicada. A la condena por posesión de dólares falsos, se sumó el de un fraude a una mueblería. Se acusaba a Elena Toimil y a su hija de una supuesta estafa por el impago de unos muebles de cocina. El asunto se juzgó en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra en el 2001 y ambas fueron absueltas. En el 2006 un juez argentino pedía la extradición de Elena Toimil en relación a un asunto de narcovalijas, por el que cumplió condena. Estaba acusada ella y su pareja por el envío de cuatro maletas con 59,9 kilos de cocaína que llegaron al aeropuerto de Barajas sin que fueran recogidas por nadie. Las maletas llevaban una etiqueta con destino a la embajada argentina en Madrid.
En septiembre del 2006, el gobierno español autorizó la extradición de la lalinense Elena Toimil a Argentina. Se acusaba al matrimonio de formar parte de una banda internacional que compraba la droga en Bolivia, Perú, Colombia y otros países productores y la enviaba a Europa pasando por Argentina.