La peculiar situación que viven los servicios de emergencias quedó recogida en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, que dedica su artículo 23 a las exenciones de peaje. La norma asegura que «en el caso de que estuvieran establecidos peajes, no estará obligado a su abono, los vehículos de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni de los servicios contra incendios. Tampoco lo estarán los vehículos de las Autoridades Judiciales, de emergencia o de Protección Civil, las ambulancias, ni los de la propia explotación e inspección de carreteras, ni los de la explotación y conservación de equipamiento para la gestión, control y vigilancia del tráfico, cuando estén cumpliendo sus respectivas funciones específicas».
A esta normativa se ciñe la Subdelegación del Gobierno cuando se le pregunta por el protocolo que siguen los diferentes cuerpos de seguridad que dependen de ella a la hora de atender emergencias en la autopista. Las quejas hacia Audasa no tienen como foco el incumplimiento de la ley. Todas las agrupaciones y servicios de emergencia consultados reconocen que la concesionaria de la AP-9 -que seguirá siéndolo hasta el 2048- les exime del pago, pero no así de tener que hacer cola durante una emergencia en alguna de las cabinas atendidas por personal para facilitarle sus datos y rellenar un justificante de tránsito para que les abran la barrera. Se trata, lamentan, de una situación «irrisoria» y «absurda».