El Supremo confirma que la viuda, un sobrino y un allegado del fallecido Lafuente actuaron como testaferros para ocultar el origen del patrimonio
11 dic 2014 . Actualizado a las 04:56 h.Los recursos contra la sentencia que condenó como testaferros a la viuda del narcotraficante José Lafuente Martínez, Dolores Torres Casal; a su sobrino Eladio Lafuente Abraldes, y a un conocido de la familia, Benigno Santos Chantada, apenas surtieron efecto. El Supremo acaba de confirmar la práctica totalidad de las conclusiones a las que llegaron hace poco más de un año los magistrados de la Audiencia.
Se certifica que el fallecido narcotraficante -la muerte le sorprendió antes de tener que responder por el blanqueo ante la Justicia- empleaba la estación de trenes de Pontevedra como una suerte de centro logístico desde el que partían alijos de cocaína a Ibiza. De la ciudad del Lérez, la droga seguía hasta Madrid para, acto seguido, continuar hasta Valencia y Denia (Alicante), donde los estupefacientes eran transportados en ferri hasta la isla.
Así ocurrió en febrero del 2007, mes en el que Lafuente remitió más de un kilo de cocaína que fue intervenido. Meses más tarde, en julio, el narco y su sobrino intentaron negociar un transporte de cinco kilos. Su intención era la de lograr un beneficio de 35.000 euros, toda vez que pretendían sacar 32.000 euros por cada kilo que iban a adquirir por 25.000.
Los tribunales han constatado que, «como consecuencia de la actividad de narcotráfico», Lafuente «se ha venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes, valiéndose de un entramado de personas interpuestas que han colaborado activamente con él». Estos testaferros tendrían como fin «evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre».
De este modo, Eladio Lafuente ha sido condenado a 4 años y multa de 140.000 euros por el alijo frustrado, y otros 4 años y 380.000 euros por su participación en operaciones de blanqueo. A Dolores Torres le cayeron 5 años y 560.000 euros, y a Santos Chantada, 4 años y 140.000 euros por el delito de blanqueo.