Vilagarcía todavía no ha comenzado a analizar los efectos de la Ley de Costas
AROUSA
El Concello pospone su estudio pese a que ya corren los plazos para propuestas
13 ago 2013 . Actualizado a las 06:52 h.Diputados del Partido Popular visitaban hace algunas semanas la comarca para explicar las repercusiones de la Ley de Costas e instar a los Concellos a que revisen de qué manera puede afectarles y cómo podrían beneficiarse de los cambios que establece la ley. Los parlamentarios urgían entonces a los responsables municipales a apurar esos trabajos, puesto que la propia norma legal establece una serie de plazos que deben cumplirse.
En caso de que los concellos estimen que tienen alguna zona que pueda beneficiarse de la definición de núcleo rural deben presentar antes de tres meses -un período que comenzó a contar el 30 de mayo- la documentación necesaria para demostrar que contaban con servicios urbanos antes de la Ley de 1988. Si esos núcleos no están delimitados como tal, el proceso es más complejo, y precisamente por ello el plazo que se ha establecido es de dos años.
Pues bien, mientras otros concellos, como Vilanova o A Illa, han comenzado ya a trabajar en el tema, en Vilagarcía todavía no se ha hecho nada. Así lo reconocían ayer desde Ravella, desde donde confirman que por el momento no se ha estudiado este tema. La explicación es que la ley es por el momento un borrador y, por tanto, todavía no está muy definido su contenido, así que mientras este no se vaya perfilando un poco el Concello de Vilagarcía no se pondrá a trabajar en ello.
Según los datos que en aquel momento presentaron los diputados del Partido Popular, en Vilagarcía habría tres núcleos afectados, y un total de 141 inmuebles podrían regularizarse atendiendo a la nueva normativa que tramita el Gobierno central.
Marta Rodríguez, Román Rodríguez, Paz Lago y José Luis Rivera daban en aquel momento datos de toda la comarca y del Ulla. Según esa información, habría 18 núcleos afectados en los diez municipios concernidos por esa norma, cuya aplicación podría suponer, además, la regularización de 1.063 viviendas.
El Partido Popular cree que la mayoría de estos inmuebles podrían encajar en una transitoria pensada para dar salida a aquellos edificios construidos antes de 1988 y que están dentro del dominio público o de la zona de servidumbre, afectados por tanto por esa ley.
En todo caso, esa oportunidad podría pasar de largo para algunas de las viviendas de Vilagarcía, puesto que faltan ya pocas semanas para que los Concellos soliciten los cambios en los núcleos rurales, y en la capital arousana hay tres.