La política no se practica en caliente. Ha de ser meditada, con la pausa suficiente para analizar pros y contras. Hay gestos y medidas, además, que deben ser advertidos a la sociedad con antelación por su trascendencia. Por el hondo significado que guarda su puesta en práctica. Identificar e incluir en una lista a las personas que acceden a la casa de todos los vilagarcianos tras décadas sin hacerlo es sin duda una de ellas. Una medida que evoca a otros tiempos, a períodos oscuros de nuestra historia reciente. El gobierno local tenía derecho a hacerlo, pero o no meditó suficientemente lo que ello suponía, o cometió un error impropio en un alcalde en tiempos de democracia.
Ayer, incluso responsabilizó a la Policía Local del despropósito, un argumento tan burdo como insólito por cuanto el alcalde es, en última instancia, el máximo responsable del cuerpo y, por tanto, atesora la autoridad suficiente como para haber puesto coto a la labor fiscalizadora de los agentes. La primera de este calibre, por cierto, en toda la democracia. El caso es que al identificar a todos los ciudadanos que accedieron al pleno, o al tolerarlo, de acuerdo con su versión de los hechos, Tomás Fole estableció una sospecha preventiva de carácter colectivo. Como si cada uno de los asistentes albergase en su interior un alborotador incorregible llamado a dinamitar el futuro de Vilagarcía. Una tesis de difícil digestión, dicho sea de paso.
Es legítimo que el gobierno local quiera mantener el orden en los plenos, pero para ello quizás sea más sencillo desalojar a aquellos vecinos a los que se les vaya la mano, los que acudan a insultar o los que sean incapaces de respetar el reglamento de participación ciudadana. Eso es actuar cuando existe un contratiempo. Lo ocurrido el lunes es crear un problema antes de que aparezca. Además de una esperpéntica salida de tono.