Lo ocurrido con el afluente de O Con -el único río conocido que atraviesa un garaje a través de una suerte de acequia y disfruta, a lo largo de tan singular recorrido, de una señora sevidumbre de pesca- sería impensable sin una concatenación de despropósitos en los que se entremezclan las responsabilidades de la empresa promotora, el Concello de Vilagarcía y la propia Xunta.
Todo comienza en 1997. En los tres años que median hasta el 2000, la firma Vicando obtiene del Concello seis licencias para la construcción de otros tantos bloques de viviendas. Lo hace sobre el famoso regato, que es canalizado a cielo abierto en el no menos célebre garaje.
Diez años más tarde, en el 2008, Augas de Galicia sanciona a la compañía vilagarciana porque, asegura, tendría que haber solicitado una autorización expresa a la Xunta para algo así. La promotora no lo hizo, y recibe una sanción de 4.500 euros, además de una orden para restituir el estado original del cauce, lo que en la práctica le obligaría a demoler los seis edificios. Vicando responde con un contencioso basándose en las autorizaciones municipales de 1997.
Pese a su decidida intervención en el asunto, tampoco la Xunta está libre de culpa puesto que el centenar de viviendas a las que da servicio el estacionamiento tienen categoría de protección oficial especial. En otras palabras, necesariamente fueron supervisadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que dio su visto bueno a la promoción hoy cuestionada.
De momento, las negociaciones acerca de la canalización exterior de la corriente fluvial comprometen a la Xunta y al Concello, que aportarán 561.373 euros por barba para sufragar los trabajos. Este es el resultado de la última reunión a tres bandas, celebrada antes de las elecciones municipales de mayo. En ella apenas se mencionó el papel que en buena lógica debería desempeñar la empresa en la solución a un conflicto que ella misma generó. Es un aspecto que continúa en el aire.