Una de las reivindicaciones ciudadanas más justa es la de la exigencia de responsabilidades a los políticos que, en el ejercicio de sus cargos, causen daños al erario. No se trata de aplicar la vía penal por la comisión de un delito, sino de resarcir a la Administración de los perjuicios inferidos de forma voluntaria o por ignorancia inexcusable. Pues bien, esta responsabilidad contable por alcance, es decir, por la existencia injustificada de un saldo deudor, ya está regulada en nuestro ordenamiento desde hace años, y, con participación del Ministerio Fiscal, viene siendo exigida ante el Tribunal de Cuentas. Por poner un ejemplo, citemos la sentencia que condenó a dos alcaldes del municipio asturiano de Siero a reintegrar al ayuntamiento la suma de 747.717,78 euros por haber ordenado pagos al personal vulnerando los límites de incremento de la masa salarial fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento y por unanimidad. El Tribunal, en su sentencia, aclara que condena a los alcaldes por sus competencias en la dación de cuentas, y porque fueron los únicos demandados, pero que podría haberse seguido la causa contra todos los miembros de la corporación.
Viene a cuento lo anterior porque, en mi opinión, la grave situación económica que padece nuestro ayuntamiento se debe, sobre todo, a la aprobación de forma unánime, a finales del 2009, del denominado Plan de Recursos Humanos, que se tradujo en un incremento de 130 personas en la plantilla municipal, y una vulneración flagrante del crecimiento autorizado para la masa salarial (2 %), además de un incumplimiento del mandato legal que permitía, para el 2010, tan solo reponer efectivos. Dicho acuerdo, tomado alegremente por todos los grupos políticos de la corporación, consolidó un gasto de personal de no menos de tres millones anuales, justamente en un momento en el que los ingresos ordinarios disminuían de manera alarmante, lo cual motivó el informe negativo del departamento de Intervención, que fue ignorado por aquellos que tenían la obligación de velar por la buena salud de la economía municipal.
Ahora, unos y otros, gobierno y oposición, se responsabilizan de lo sucedido, cuando todos miraron para otro lado ante las advertencias de lo que iba a suceder. Los unos, gastaron más de lo debido; los otros, dejaron hacer y hasta aprobaron lo indebido. ¿Si el Tribunal de Cuentas interviene en este caso, se imaginan ustedes a quiénes reclamará el daño contable causado a las arcas municipales? Pues eso, blanco y en botella.