La Fiscalía de Pontevedra duplicó el año pasado el número de procesos por delitos contra los trabajadores
AROUSA
«Hay mucha gente que sí que está correctamente cumpliendo la ley y proporcionando a sus trabajadores las medidas preventivas necesarias. Hay otros muchos que no y a esos es a los que se dirige nuestra actuación. Qué se vayan enterando». Contundente, Marta Durántez, fiscal para delitos laborales en Pontevedra, abordó ayer con los representantes sindicales el incremento notable de «los escritos de acusación en materia de delitos contra los derechos de los trabajadores, en concreto prácticamente se duplicaron las calificaciones». Así, en el 2008 se tramitaron por parte del ministerio público diecisiete procesos judiciales en este sentido, mientras que un año antes habían sido nueve. La mayor parte de esta causas tuvieron como trasfondo incumplimientos por parte del empresario de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. En este punto, Marta Durántez dejó claro que este repunte de procedimientos es algo completamente ajeno a la crisis, toda vez que son casi todos asuntos que comenzaron a instruirse en el 2007 y «entonces no existía la crisis económica». En todo caso, reconoció que la situación económica por la que atraviesan las empresas de la provincia fue una de las cuestiones que se analizó en la reunión de ayer. Al tiempo que lanzó un aviso a navegantes o hacia aquellas firmas que estén pensando hacer frente a la actual coyuntura recortando los gastos en prevención: «Con crisis o sin crisis nosotros vamos a seguir en nuestra línea de atención». Prueba del compromiso del ministerio público pontevedrés con la seguridad en el trabajo es la decisión de ampliar en un fiscal la plantilla especializada en esta materia. De este modo, en Pontevedra serán dos los profesionales que se ocupen de estos asuntos, mientras que en Vigo permanecerá el que desempeña actualmente este cometido. Por su parte, los representantes sindicales valoraron muy positivamente el encuentro. En cuanto al incremento de calificaciones penales registrada en el 2008, Ramón Vidal, de UGT, subrayó que «aínda que non é unha boa nova, si que é unha nova que nos explica o interese e o compromiso que hai dende a Fiscalía». En cuanto a los sectores más problemáticos, Xeraldo Abraldes, de la CIG, citó el trabajo en el mar y el que se desarrolla en las canteras de piedra natural, sobre todo en O Porriño. ¿Acoso en la Diputación? Tras trascender que una funcionaria de la Diputación, a través de la Asociación Gallega contra el Acoso Moral en el Trabajo, tiene intención de denunciar ante el Defensor del Pueblo un supuesto acoso que habría venido sucediendo desde hace dos años, un portavoz de esta Administración negó la mayor y sostuvo que se trata de «un caso de que no aceptó el nombramiento de un superior».