Todo apunta a que la fórmula para la integración de Divina Pastora en la red pública cobrará la forma de un convenio en el que la Xunta comprometerá toda una serie de garantías sobre el patrimonio que el patronato tendría que poner en su mano. Las ventajas de la inclusión en el sistema autonómico son evidentes: mayor inyección de recursos económicos, conversión del centenar de plazas para residentes en camas públicas -actualmente solo funcionan siete concertadas pese a que el de Vilagarcía es el único centro de los tres que funcionan en O Salnés con una clara vertiente social- y posibilidades de ampliación sin necesidad de buscar nuevos y caros terrenos, puesto que la superficie existente sería suficiente para dar asistencia a doscientos usuarios. En cualquier caso, la situación y el futuro del centro de la tercera edad ha sido motivo de tensa polémica política. Primer, con las críticas del ex alcalde, Javier Gago, a la falta de una respuesta de Vicepresidencia a sus peticiones. A continuación, ya en plena campaña electoral de las municipales, con el compromiso, expresado por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana en su mitin de Vilagarcía, de que Divina Pastora pasaría, efectivamente, a ser gestionada por manos públicas. Por último, con la respuesta del portavoz popular en la capital arousana, Tomás Fole, que acusó al BNG de vender «pura propaganda electoral». La reunión de ayer, por lo tanto, supone un compromiso político de primer orden con la cobertura de las necesidades de los vilagarcianos. El teniente de alcalde y portavoz del Bloque, Xosé Castro Ratón, lo asume y, si bien considera que hablar de plazos sería aún prematuro, afirma que «este proceso ten que desenvolverse canto antes».