La cosa política
17 mar 2007 . Actualizado a las 06:00 h.?uando la semana pasada el consello comarcal del BNG afirmaba que, a lo largo de sus doce años en el puesto, el gerente en excedencia de la Fundación Comarcal de O Salnés, Manuel Soliño , «actuou máis en función de intereses partidistas que a prol de poñer en marcha proxectos de dinamización da bisbarra», sus palabras no obedecían a una boutade más de la pugna política. Muy al contrario, la censura de los nacionalistas a la labor de Soliño se fundamenta en el análisis de puntos no demasiado claros de su gestión, que la Consellería de Medio Rural, de la que depende el organismo, llevó a cabo tras hacerse cargo el bipartito del Gobierno de la Xunta. Uno de estos hilos dudosos parte de los proyectos desarrollados por la Mancomunidade do Salnés -la superposición de sus asuntos y los de la fundación ha sido constante, especialmente bajo la presidencia del senador y alcalde de Cambados, José Manuel Cores Tourís - junto a la Fundación Biodiversidad. Proyectos que auspició y dirigió el propio Manuel Soliño. La iniciativa se tradujo en toda una serie de cursos que buscaban ofrecer una herramienta de formación a aquellas empresas arousanas interesadas en afianzar su compromiso con el medio ambiente. Sus títulos, algunos muy sugerentes, se detenían en la lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el mar, el mundo del vino, la huerta, el sector forestal, la cantería o el comercio. Las sospechas se disparan al comprobar que en el 2002, su primer año de funcionamiento, los seminarios son un rotundo un fracaso. No atraen a nadie, y los técnicos que los coordinaban tienen que buscar y convencer a un número de alumnos mínimo para que puedan llevarse a cabo. Su presupuesto era considerable: alrededor de 750.000 euros. La consellería puso el ojo sobre el hecho de que el apoyo técnico y metodológico de tan caras acciones formativas se encargase a Forama Consultores, una empresa ligada familiarmente al entonces delegado de la Consellería de Política Agroalimentaria en Pontevedra, José Manuel Gabeiras. Su departamento, por cierto, había concedido sustanciosas subvenciones a bodegas y explotaciones agrarias en manos de gestores pertenecientes a los círculos de influencia del Partido Popular en O Salnés. La consultora, que también suele trabajar para la Diputación de Pontevedra, habría percibido del orden de 700 euros por curso, lo que, teniendo en cuenta que en el 2002 se dictaron 58, redondea unos 40.000 euros. A Santiago llegaron las protestas de varios funcionarios de los concellos inmersos en el programa. Hubo, aseguraban dichas reclamaciones, muchos y graves problemas a la hora de justificar gastos. Gruesas facturas telefónicas, de hasta 350.000 pesetas en algunos ayuntamientos, o conceptos como el alquiler de material de oficina y equipos informáticos suministrados de forma extraña por empresas bien relacionadas con el PP, están en el origen de estas quejas. Pese a ello, y al nulo interés que despierta, la mancomunidad repite esta artificiosa e inútil experiencia con la Fundación Biodiversidad en el 2003. Con las mismas condiciones, aunque un número de seminarios menor, se gestiona un presupuesto de 450.000 euros. El beneficio social de una oferta sin demanda real parece inexistente, pero la inversión se ejecuta de todas maneras. Una segunda línea de sospecha se centra en la contratación del personal para la gestión de proyectos que, como Interreg, Empleocities o Equal, también lidera la fundación. En la selección intervinieron los dos factores habituales: un concurso de méritos y una entrevista personal. Pero, en lugar de que la trayectoria del aspirante supusiese un 65% de la nota final, y la entrevista un 35%, como es normal en este tipo de procesos, ambos criterios puntuaron por igual. Gente que tuvo acceso a las pruebas señaló que candidatos con méritos superiores fueron desplazados por personas con menor experiencia y formación demostrables. Entre otros, fueron contratados la hija de un destacado alcalde conservador de la comarca (que no debió de verlo nada claro, pues renunció a los pocos días); la hermana de un señalado dirigente popular; una ex concejala de Sanxenxo, Ruth González ; y un edil del PP en A Illa, Carlos Alberto Pouso . Otros focos de escasa transparencia se refieren a la justificación de proyectos como el Interreg con el sueldo del gerente, pese a que éste cobraba de la fundación, y por tanto de Medio Rural, o la brumosa utilidad pública de viajes a Irlanda (país de origen de la ex mujer de Soliño), Venecia, París, Bretaña o Escocia. Fuentes nacionalistas aseguran que, una vez examinadas todas estas pistas, «existen indicios claros de que son veraces». No acaba ahí la cosa, ya que a Soliño se le atribuye una estrategia electoral dirigida a que el PP rentabilice los proyectos de la presente anualidad del Proder. Éstos finalizarán coincidiendo con el inicio de la campaña de las municipales, y el plan pasaría por situar a la Diputación en un primer plano. Así, a última hora, la Administración provincial colaboraría de forma simbólica, por ejemplo instalando mobiliario urbano o asfaltando los accesos a los lugares donde se desarrolla la intervención. Pero aparecería como protagonista principal en la foto correspondiente. Mientras, Medio Rural, que es la que en realidad subvenciona los programas, sería ninguneada. Y, por asociación, el BNG. Nada raro, dada la corta disposición, cuando no abierta indiferencia, que este hombre por cuyas manos han pasado 35 millones de euros ha demostrado siempre hacia el bipartito. Todo un lujo.