La cosa política
02 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.El temporal del pasado lunes no sólo ha abierto profundas brechas en el entorno del embalse de Castroagudín. También ha pasado una tajante factura a las organizaciones empresariales que operan en Vilagarcía, cuya unidad de acción nunca ha sido un elemento precisamente definitorio de su labor. La reacción ante la catástrofe ha conducido a una ruptura sin precedentes, que sitúa a la asociación de comerciantes, Zona Aberta, en un extremo de un abismo al que ha arrastrado a la Cámara de Comercio, mientras la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (Feca) y la Union de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) se colocan enfrente. El origen de este grave desencuentro remite a la reunión que esta semana mantuvieron los representantes de las cuatro entidades con el alcalde de la capital arousana, Javier Gago , en un intento por afrontar de forma coordinada las consecuencias de las inundaciones. En aquella cita, aseguran, los miembros de Zona Aberta mantuvieron una actitud muy crispada, por momentos de abierto enfrentamiento con el regidor. No obstante, unos y otros asumieron, al cabo, la necesidad de trabajar conjuntamente para tratar de remediar los dramáticos efectos provocados por las riadas en el tejido empresarial de la ciudad. Se lograba, de facto, una cierta comunión de objetivos y procedimientos que pocas veces ha funcionado en un sector económico tan amplio y heterogéneo. Tampoco lo hizo, a la postre, en esta ocasión, porque las diferencias comenzaron a escenificarse a las pocas horas. Dos actuaciones de la asociación de comerciantes que preside Sofía Beiras han levantado ampollas en el resto de las organizaciones de empresarios. La primera de ellas tiene que ver con la visita que el conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco , tenía en su agenda el jueves. El titular del departamento autonómico venía a Vilagarcía a participar en un foro sobre comercio, convocado hace tiempo, mucho antes de las inundaciones. Desde primeras horas de la mañana, sin embargo, un vehículo con megafonía recorrió las calles de la ciudad anunciando aquel acto como una oportunidad que Zona Aberta brindaba a sus socios para que acudiesen en masa al salón de la Cámara de Comercio, lugar donde se iba a desarrollar la sesión, y planteasen cualquier cuestión al conselleiro. No hubo ningún mensaje hacia Feca ni su presidente, Javier González . Tampoco hacia UPTA o a su secretario xeral, Eduardo Abad Sabarís . Ninguna invitación a ninguno de los dos colectivos. Con este paso, que sentó mal, la unidad pactada en la alcaldía quedaba rota. Peores efectos tuvo, con todo, la convocatoria que Zona Aberta lanzó al día siguiente. Aprovechando la firma de un convenio, meritorio, por otra parte, con una determinada entidad financiera, la asociación revistió el acto como la presentación oficial de las medidas blandas que dicha entidad ofrecía a los comerciantes arousanos. «No entiendo que se busque semejante protagonismo, capitalizando anuncios como éste, porque el resto llevábamos ya días contactando con bancos y cajas de ahorros, también con la que firmaba el convenio, sin hacer propaganda», lamenta un empresario perteneciente a otra organización, que atribuye los movimientos de la asociación del comercio a las distorsiones que la candidatura de Amado Cascallar a la gerencia de Fexdega y la ambigua posición demostrada por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Oubiñ a, han desencadenado en el seno de la entidad vilagarciana. La difusión de una información claramente incorrecta -llegó a afirmarse que el consorcio de compensación concedería ayudas incluso a quienes no disponen de una póliza de cobertura, algo imposible por definición, puesto que el consorcio es la aseguradora de las compañías de seguros- puso la guinda al mosqueo generalizado con los comerciantes. Pero hay alguien que está mucho más enfadado, si cabe, con Zona Aberta y, por extensión, con la Cámara. La gente de la Consellería de Industria está que trina, porque tal vez la intención era otra, pero lo del jueves fue una encerrona con todas las de la ley. Una cosa es que Fernando Blanco acudiese a un foro que, lógicamente, cambiaría su contenido para abordar sobre la marcha la catástrofe del agua. Y otra muy distinta que desde la organización de comerciantes se convocase, con megáfonos y teléfonos, a un colectivo de empresarios comprensiblemente tensos, preocupados y enfadados por los daños que padecen sus negocios. El conselleiro, claro, tuvo que oír de todo menos piropos, algo de lo que han tomado buena cuenta Ana Rúa , la directora xeral de Comercio, y Montse Prado , delegada de Industria en Pontevedra, cuya indignación con Beiras, Cascallar y Oubiña era palpable. Un enojo justificado, puesto que, con la emboscada en la Cámara, la parte del Gobierno autonómico que le compete al BNG perdía su última oportunidad de hacerse visible en un momento clave, de ésos que los ciudadanos demandan aunque sólo sea para mostrar su descontento y manifestar sus críticas, como las que Emilio Pérez Touriño, el presidente de la Xunta, tuvo que escuchar en su paseo por Vilagarcía. Hubo intentos por que el vicepresidente, Anxo Quintana, estuviese en la ciudad el martes. Se creyó, entonces, que la representación del Gobierno gallego recaía suficientemente en manos del socialista Méndez Romeu y se obvió la visita del líder nacionalista. Políticamente fue un error, pues la presencia de ambos era perfectamente compatible. Dos días después, el gabinete de Blanco pagaba otra equivocación, la de emplear como interlocutor preferente a una sola asociación, cuando el tejido empresarial afectado va mucho más allá del comercio. Ahí están, por ejemplo, la industria, la hostelería y el turismo, cuyas competencias caen también bajo su departamento. Hay en el Bloque, se ha dicho alguna vez, un problema grave de visibilidad. El tiempo dirá si la asamblea de este fin de semana marca el camino para su solución.