Crónica
12 jul 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?a Dirección Xeral de Urbanismo se atiene, en su informe previo a la aprobación inicial del PXOM de Cambados, a la observancia de la ley. Una ley que no procede de los hornos del bipartito, sino de la gestión de dos conselleiros populares, primero Xosé Cuíña, y a continuación su sucesor, Alberto Núñez Feijoo. No es la primera vez que los alcaldes conservadores se enfrentan a una normativa que emana de su propia formación política, y que ha traído cola desde que el otrora poderoso barón de Lalín la pergeñase. Concebida como un intento por frenar los lamentables desmanes urbanísticos de una sociedad poco acostumbrada a cuidar este aspecto, La Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural fue aprobada por el Parlamento de Galicia el 18 de diciembre del 2002 en su primera formulación. En absoluto hubo consenso, ya que tanto PSOE como BNG votaron en contra tras aportar un centenar de enmiendas. La norma incorporaba novedades como la lucha contra el feísmo y medidas para poner coto a la destrucción de la fisonomía del medio rural, al tiempo que establecía la necesidad de un desarrollo mínimamente sostenible, con la reserva de suelos y cesiones para equipamientos públicos. La airada respuesta de los alcaldes populares no se hizo esperar. Tiraron con bala contra los límites fijados al crecimiento montaraz de los núcleos rurales. Pelearon con saña contra el establecimiento de una zona de protección litoral de 200 metros, que quisieron reducir a la mitad. Y lograron, finalmente, que Alberto Núñez Feijoo anunciase la reforma del texto, apenas un año después de su aprobación. Como su matriz, la modificación fue respaldada en solitario por el PP, nuevamente en fechas navideñas: el 22 de diciembre del 2004. Ni por ésas contentó a los regidores de la gaviota. A la vista está.