Análisis | La pasividad de la clase política ante un conflicto recurrente Todas las formaciones políticas se han manifestado, en un momento u otro, a favor de de reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Misteriosamente, su afán desaparece al tocar poder
24 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.?A alguien se le ocurriría tomar un chato en el bar de debajo de casa para ver a Julio Iglesias en la televisión? ¿O echar un café en la avenida de A Mariña por el simple placer de escuchar la música de fondo? La respuesta es inmediata: no. Son dos casos absurdos que, sin embargo, la falta de indefinición de la Ley de Propiedad Intelectual convierte en sendos problemas. De hecho, con el texto legal en la mano, la SGAE podría demandar a los propietarios de estos dos hipotéticos establecimientos por el mero hecho de que en ellos exista un televisor o una radio; poco importa si los aparatos están encendidos o apagados, o si sólo se utilizan a la hora del informativo o el culebrón. Diez años de ley La definición de acto de emisión pública es tan vaga que tanto puede servir a un juez para fallar a favor de la sociedad de autores como para dar la razón a los hosteleros. El texto en vigor fue aprobado en 1996 y revisado dos años después para adaptarlo a una directiva europea. Pero sus elementos fundamentales se mantuvieron intactos. Curiosamente, ni el PSOE en las postrimerías del felipismo, ni el PP cuando tomó las riendas del Estado, hicieron nada por reformar una ley que permite que se grave a un local por el simple hecho de disponer de un aparato receptor. La pasividad sorprende todavía más, habida cuenta de que todas las formaciones políticas se han manifestado, antes o después, a favor de hacerlo. PSOE, PP, CiU y CC presentaron sus propias propuestas de enmienda en 1994, cuando los socialistas gobernaban en minoría. El BNG planteó en el Congreso una propuesta no de ley en 1999, en la que pedía que se distinguiese claramente el acto de difusión de la mera recepción de una señal, e IU hizo lo propio el mismo año. PP, CiU y CC elaboraron un anteproyecto de proposición de ley en el mismo sentido. Rajoy, entonces ministro de Educación y Cultura, se mostraba conforme, en una intervención en el Senado en 1999. El Consejo Económico y Social lo ve claro. Y pese a todo, el asunto sigue como estaba. Un pelín raro, ¿no?.