Estima que el coste de producción es de 1,5 euros por kilo y el bodeguero paga un máximo de uno El sindicato pide a la Cámara Agraria que convoque a las partes antes de la próxima vendimia
28 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El optimista panorama dibujado por el Consello Regulador de Rías Baixas hace sólo hace unos días, certificando la última cosecha como excelente, no es compartido por un sector de los representantes de los viticultores, al menos en la parte que a ellos les toca. El sindicato Unións Agrarias denunció ayer lo que consideran una estrategia de estrangulamiento a los cosecheros en vísperas de la vendimia de este año. Una circunstancia de la que no sólo responsabilizó a los procesadores, sino al Consello Regulador y a su propia presidenta, Marisol Bueno, de permitirlo. «Desde luego choca con esa imagen de prestigio y de calidad que se quiere dar». Financiar a entidades La cúpula gallega, encabezada por el secretario general, Roberto García, divulgó las cartas que algunas grandes bodegas de Rías Baixas, como anunciaron días atrás, están haciendo llegar a los viticultores para advirtirles de que no les recogerán las uvas y, en el mejor de los casos, sólo les comprarán una parte de su producción, en torno al 50%, alegando que les sobra materia prima. «Se trata de una estrategia para reducir el precio», precisó García, quien subrayó que no existe precedente alguno en el sector vitivinícola español de que «algo se venda sin precio o que el que lo fije sea el comprador». Otra de las cuestiones denunciadas pasa por la fórmula de pago. El sindicato quiere evitar que se produzcan paradojas como que que sean los agricultores los que acaben financiando, no sólo a las grandes bodegas, sino a entidades de crédito «como es el caso de Caixanova», precisó, que están asociadas a alguna. O que aún haya bodegas que no pagaron la cosecha del 2004, ni el cosechero sepa a cómo la va a cobrar, aseguró Manuel Ángel Dopazo, responsable comarcal de esta central. Así, UU. AA., no sólo volvió a pedir la dimisión de Bueno, que actualmente ocupa la presidencia del Consello en funciones, al entender que sólo defiende a una parte del sector, el de las bodegas, sino que ha trasladado su tabla reivindicativa a la Cámara Agraria. Esta institución previsiblemente debatirá hoy en pleno esta moción para acordar solicitar la constitución de una mesa de negociación con las partes implicadas: productores, bodegas y administración. El sindicato, como explicó su responsable en esta materia, José Luis Fernández Celís, exige la garantía de la recogida de la uva a todos los viticultores, un precio digno -que según estimaciones rondaría una media de 1,5 euros-, el pago inmediato, una vez recogida la producción -UU.AA. negocia con algunas entidades de crédito para poder adelantar el dinero-, y el uso de un modelo de contrato tipo aprobado recientemente por el Gobierno Central. Consenso «La solución pasa por el consenso», subrayó Roberto García. El secretario general de Unións Agrarias, señaló también que confía en la gestión del nuevo gobierno toda vez, agregó, que todo lo denunciado ayer se trata de «un problema viejo». «Si el año pasado año se vendió un 20% más de cosecha, yo digo que habrá un 20% más de capacidad para recoger el vino, porque tengo un 20% más de depósitos vacíos, y si se estima entre un 20 y un 30% de reducción en la cosecha del 2005, ¿no habría problema para absorber la cosecha? Hay más capacidad y menos uvas, luego a mi no me salen los números. ¿A qué vienen esas cartas?», se cuestionó Dopazo.