La desaparición del virtual canon privará al Puerto de un ingreso de 360.000 euros (59.898.960 pesetas) anuales -Las empresas consignatarias creen que la medida supone una discriminación
25 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.A La Autoridad Portuaria de Vilagarcía se enfrenta hoy a una de las votaciones más controvertidas de los últimos tiempos. El proyecto de ceder competencias para que la Xunta pase a controlar los polígonos de bateas no es del gusto de todos los organismos representados en el consejo de administración. Ni mucho menos. Para empezar, el Concello de Vilagarcía anunció ayer que sus tres vocales votarán contra una iniciativa que parte de la Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega) y es defendida por la Consellería de Pesca. Son varios los motivos que llevan al gobierno municipal a oponerse a la desafectación de las bateas. Pero tal vez el principal bucea en los propios principios que la Autoridad Portuaria aplica desde hace varios años. Esto es, una estricto control de los gastos y una dinámica de claros tintes empresariales. Ahora, sin embargo, la rada se ve en la tesitura de renunciar a cualquier posibilidad de cobrar un canon a los bateeiros por ocupación de lámina de agua. Un canon que, de acuerdo con las primeras estimaciones, supondría unos ingresos aproximados de 360.000 euros (59.898.960 pesetas) anuales. En tales circunstancias, el Ayuntamiento no entiende que los responsables portuarios estén dispuestos a renunciar a tal suma. El canal de navegación En cualquier caso, el Concello no es el único que ve con malos ojos esta propuesta. A las empresas consignatarias tampoco les gusta la idea. No porque afecte directamente a su trabajo. En este sentido, la garantía de que el canal de navegación se mantenga dentro de la titularidad portuaria, con la posibilidad de ser ampliado en cuanto sea necesario, sería suficiente. Sin embargo, en cuanto concesionarias de espacio portuario, que pagan su correspondiente canon, las compañías del sector ven en la desaparición de cualquier tributo por parte de los bateeiros un factor de discriminación: cotización en tierra frente a gratuidad en la mar. La postura del Estado Así las cosas, la postura de los cinco vocales que representan al Estado en el consejo resultará fundamental para que la desafectación vaya adelante. En principio, la propuesta contará con el voto favorable de los once consejeros de la Xunta. El sentido del voto de la Cámara de Comercio, FECA y el comité de empresa no está claro. Pero una negativa de los representantes estatales pondría en serio peligro el éxito de la idea. Un fantasma semejante recorrió ya la sala del consejo de administración en su anterior reunión. Entonces, los vocales del Estado mostraron una evidente oposición a la reducción de competencias de la Autoridad Portuaria en favor de la Xunta. De hecho, el punto fue retirado de la orden del día. Hoy todo parece distinto.