La Consellería de Xustiza reitera que desconoce el pacto para solucionar el conflicto con Vilanova El alcalde de A Illa, Manuel Vázquez, insistió ayer en que la deuda de la segregación de Vilanova se saldará con el pago en efectivo de 25 millones de pesetas (150.253 euros). El regidor isleño se negó a hacer declaraciones sobre la polémica desatada por la Consellería de Xustiza, que aseguró desconocer la existencia de este proceso, y pidió que «se deixe traballar ós equipos xurídicos». Sin embargo, también apuntó que hay documentos al respecto y que tanto la Administración como el Concello de Vilanova conocen perfectamente «a existencia deste acordo que é o que agora pretendemos firmar», concluyó Vázquez.
05 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.REDACCIÓN VILAGARCÍA La Consellería de Xustiza desconoce la existencia de ningún tipo de acuerdo entre Vilanova y A Illa para negociar la deuda de la segregación entre estos concellos. Fuentes de esta Administración volvieron ayer a negar tener constancia de la existencia de un documento mediante el cual los regidores de ambos municipios pondrán fin a este polémica, tras el pago de 25 millones de pesetas en efectivo. Por su parte, el regidor isleño no quiso ayer entrar en la polémico, aunque señaló que «non pasa nada, só hai que deixar traballar ós equipos xurídicos». Por otro lado, Vázquez apuntó que las negociaciones con Espina y Delfín, para conseguir los 25 millones necesarios y afrontar el pago de esta deuda, se hicieron «para poder saldar a débeda con Vilanova e asesorado en todo momento polo equipo xurídico». Además, añadió que la última llamada la realizaron los abogados de Vilanova, «avisáronnos de que tiñamos que facer fronte e ese pago e nós puxémonos a traballar», apuntó el regidor. Esta acuerdo zanjaría la polémica entre ambos municipios después de 3 años de litigios. Vilanova reclama a A Illa el pago de 400 millones de pesetas, cantidad que los isleños se niegan a pagar y para lo que han recurrido al Tribunal de lo Contecioso-Administrativo. Una denuncia que será retirada si el acuerdo que anuncia el equipo de gobierno isleño prospera y la polémica se zanja, finalmente, con el pago de 25 millones.