«Sentímonos desamparados, pola Xustiza e polos políticos», le dijo a la Valedora do Pobo la hija de unos desalojados de O Celeiriño, sus padres, de 84 y 79 años, con quienes convive de alquiler. «Tiñamos unha casa que para nós era a mellor», pero en octubre del 2008 les obligaron a dejarla por riesgo de derrumbe. Sus problemas se agravaron en enero del 2014, cuando el Concello dejó de abonar la renta. La Justicia sentenció que los responsables de que su vivienda esté resquebrajada debían compensarles con 28.000 euros. Siguió contándole a la Valedora que, ahora, «para restaurar a casa non chegan 100.000, e con eses cartos non podemos mercar outra», tras lo cual rogó: «Pido que nos axuden, que teñan corazón».
Con una tía
Otra de las desalojadas de O Celeiriño que tampoco ha recuperado su casa, que no puede rehabilitarla y no tiene posibilidad de adquirir nueva, reside en una vivienda que le cede una familiar. Después de denunciar, pidiendo ser resarcida por los daños y perjuicios, los tribunales también le han dado la razón, pero la indemnización económica se quedó en 11.000 euros.
Aviso de desahucio
La delicada situación que atraviesan parte de lo los desalojados de O Celeiriño la describió en primavera un octogenario. Vivió de alquiler hasta abril, pero cuando el Concello dejó de pagar la renta, él no pudo afrontarla. Como en primavera adeudaba 8.369 euros del alquiler, recibió un aviso judicial de desahucio. Entregó las llaves en el juzgado y residía en un geriátrico local.