FORO PÚBLICO | O |
25 ago 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El linchamiento al que se ha sometido a Óscar Pardiñas durante el último mes y medio ha llevado a éste a interponer en el juzgado de Vivero querellas criminales contra la abogada Carmen Tarrón, su hermano Pascual Tarrón y trabajadores de Industrias Pardiñas. Además de las falsas acusaciones vertidas en distintos medios de comunicación, se han exhibido pancartas insultantes y se han producido amenazas personales. Es sorprendente que se hable del «cierre violento» de una empresa cuando todos los trabajadores y proveedores saben que la quiebra dictaminada por el juzgado el pasado 30 de julio no hizo más que ratificar una situación de hecho que se arrastraba desde 1995, año en el que Industrias Pardiñas entró en bancarrota y suspendió de hecho todos sus pagos, llegando a adeudar a sus trabajadores hasta cinco meses de salarios. En abril de 1996, a la muerte del anterior gerente, la empresa acumulaba perdidas por valor de 600 millones de pesetas (unos 200 millones de pérdidas acumuladas en la sección de fabricación de ladrillo, gerenciada por D. Francisco Díaz Valea y el resto generados por la sección de hornos). Buena muestra de la situación extrema por la que atravesaba la empresa era que las garantías ofrecidas para avalar un crédito de 145 millones concedido por el ICO en el año 1995 incluían todos los bienes «presentes y futuros» de Industrias Pardiñas, además de las garantías reales de una nave titularidad de la empresa. Naturalmente, desde enero de 1996 y hasta el día de hoy, ninguna entidad ni publica ni privada le ha concedido ayuda alguna a Industrias Pardiñas. En los últimos 7 años las ayudas de la administración suman 0 (cero) pesetas. Lo que si concedió el IGAPE, a solicitud de la empresa, fue, en el año 2001, encargar a técnicos independientes un estudio de viabilidad, en el que se concluyó que la empresa era inviable debido al peso de las deudas acumuladas hasta el ano 1996. Industrias Pardiñas lleva 7 años financiándose con las aportaciones de sus socios. La empresa ha sido recapitalizada dos veces en esos 7 años. No sólo no se han desviado fondos, sino que se han inyectado grandes sumas de dinero, tal y como figura en las cuentas auditadas y revisadas por expertos a instancias del juzgado de Vivero. Gracias a ese esfuerzo, unido a un boom de la construcción, en estos años se han devuelto más de 300 millones, es decir, la mitad de la deuda de 1996. Dicho pago ha impedido modernizar las instalaciones y renovar la maquinaria, lo que ha ocasionado la falta de competitividad. Por esta situación la empresa se ha visto en la imposibilidad de seguir haciendo frente a su deuda histórica. Desde abril de 1996 a los trabajadores y a los sindicatos se les ha tenido siempre informados de la situación de la empresa. Desde enero de 2003 y hasta la fecha del cierre se les han ofrecido todo tipo de alternativas, llegando incluso a ofrecerles la posibilidad de formar una cooperativa. Opciones todas ellas rechazadas por los trabajadores. Resulta también sorprendente que la estrategia jurídica diseñada por la letrada de los trabajadores consista en intentar presionar al administrador de Industrias Pardiñas, que lógicamente está inhabilitado desde el momento de la declaración de quiebra, por lo que no está en sus manos el tomar medida alguna.