La mayoría de las 31 personas que fueron asesinadas durante simulacros de intentos de fuga habían sido detenidas antes del 24 de marzo de 1976 y estaban alojadas en la Unidad Penitenciaria número 1 de Córdoba (UP1), la cárcel de San Martín. Los detenidos se encontraban «legalizados», esto es, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante la ley «antisubversiva» 20.840 que se aprobó en 1974. Esa norma surgió durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en medio de un contexto de creciente violencia política, con grupos de guerrilla urbana.
Esa condición de detenidos «legalizados» llevó a los represores a montar una compleja escenificación cuando se decidieron a eliminarlos. Se ordenaban traslados que se hacían desde la cárcel en los que surgían siempre, casualmente, intentos de fuga, que eran repelidos y terminaban sin excepción con los presos como caídos en esa circunstancia. Así fueron asesinadas un total de 27 personas.
Otro joven, José Villada, de quien no se tiene registros de militancia o de que haya estado preso en algún centro clandestino de detención, ingresó acribillado a balazos en la morgue judicial junto a otros dos presos de la UP1.
Las tres víctimas que completan el listado de 31 asesinados no habían sido «legalizadas» y se encontraban detenidas en la sede del Departamento de Informaciones de la Policía, al lado del Cabildo (hoy es sede del Archivo de la Memoria). Fueron asesinadas allí mismo, también a través de un montaje de fuga para encubrir los crímenes. El procedimiento empleado en todos los casos fue el fusilamiento.