Buenos Aires y sus alrededores vivieron ayer el peor de los trece días desde que el humo generado por las quemas de pastizales en la zona del delta del río Paraná, a unos cien kilómetros de la capital argentina, se instaló sobre la ciudad tornando el aire en casi irrespirable y dejando nula la visibilidad en caminos, puertos y aeropuertos, que vieron afectada su actividad.
El Gobierno argentino reaccionó presentando una denuncia penal contra los propietarios y arrendatarios de los terrenos donde se queman los rastrojos, que han originado la masa de humo que afecta a más de 15 millones de personas. «El objetivo es señalar a los responsables», dijo el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Los hospitales públicos continúan en alerta amarilla, lo que obliga a todo el personal a estar disponible dado el aumento del número de consultas. Al menos 600 personas se acercaron a los servicios de guardia con escozor en los ojos, problemas respiratorios y jaquecas persistentes. Y en Buenos Aires las farmacias agotaron las mascarillas.
Pese a la petición del Gobierno de «que quien pueda quedarse en su hogar, no salga a la calle», la gente no hizo caso. Y eso que la ciudad está sitiada por un humo blanco y espeso, además de una lluvia de ceniza gris. Además, continúa la emergencia vial, y por primera vez se cerraron los accesos a la capital, que permaneció incomunicada varias horas. Otras autovías y caminos del noreste del país también estuvieron cortados todo el día, incluida la ruta 12, llamada del Mercosur.
El metro suspendió su actividad durante la mañana, y los autobuses con destinos a las zonas afectadas por los incendios no partieron de sus terminales.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, reconoció que «el ser humano esto no lo puede apagar», y que solo les puede «ayudar la naturaleza», en alusión a la lluvia, lo que el Servicio Meteorológico descarta al menos para las próximas 72 horas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló que trabajan en la contención de los incendios personal de Bomberos, Prefectura (policía guardacostas), Gendarmería y Ejército, y que ayer consiguieron sofocar algunos, pero seguían ardiendo 72.000 hectáreas y el número de focos ígneos era de 570.
En el marco de la investigación contra los dueños de los campos donde se originaron las llamas, Federico Faggionatto Márquez, juez federal de Zárate y Campana, dos de las localidades de la provincia a las que pertenecen las tierras, ordenó allanamientos y detenciones.
En pocas horas se realizaron más de 15 procedimientos en propiedades de personas denunciadas por el Gobierno. Hay además detenidos tres peones rurales por haber iniciado fuegos y a quienes el juez acusa de «estragos dolosos, más daño medioambiental» y responsabilidad en los accidentes de tráfico, habidos a causa del humo, que dejaron diez muertos. Las penas podrían superar los veinte años de prisión.