Comienza en Buenos Aires el primer juicio contra acusados del secuestro de bebés durante la dictadura
INTERNACIONAL
Ayer comenzó en los tribunales federales de Buenos Aires el juicio contra los secuestradores de una hija de desaparecidos durante la dictadura militar, rescatada por las Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de María Eugenia Sampallo Barragán, quien actúa en la causa como querellante en contra de quienes la separaron de sus padres y la criaron. En el banquillo de los acusados se sientan el capitán del Ejército, Enrique José Berthier, y el matrimonio compuesto por Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto.
Berthier está acusado de haber entregado a María Eugenia a quienes luego la inscribieron como hija propia, Rivas y Gómez Pinto. En los tres casos, los delitos que se les imputan son los de sustracción, retención y ocultamiento de identidad, falsificación de documento público y supresión de la identidad. Había un cuarto procesado, pero falleció antes del juicio. Se trataba del médico Julio César Cáceres Monié, al que se acusaba de haber firmado la falsa partida de nacimiento de María Eugenia.
En el juicio han sido llamados a comparecer 32 testigos hasta el 5 de marzo, a razón de cuatro por día. Ayer, en la primera audiencia, se leyó la acusación y luego se plantearon las cuestiones preliminares. Después de ello comenzaron a declarar los testigos. El primero de los citados fue, justamente, la víctima. María Eugenia hace la nieta número 74 de las rescatadas por las Abuelas de Plaza de Mayo. Un análisis genético determinó en el 2001 su compatibilidad con Edgardo Sampallo y Mirta Barragán, sus padres biológicos.
Antiguos militantes del Partido Comunista Marxista Leninista y delegados en las fábricas en las que trabajaban, Sampallo y Barragán fueron secuestrados en octubre de 1977 y desde entonces permanecen desaparecidos. En el momento de ser detenida, la mujer se encontraba embarazada de seis meses.
Se presume que María Eugenia nació en el Hospital Militar. Y que luego Berthier la entregó a Rivas y a Gómez Pinto. Este es el primer juicio en el que una hija de desaparecidos durante la dictadura, que recuperó su identidad, actúa como acusadora en el juicio contra quienes se apropiaron de ella.
«Que sean condenados con la mayor pena», dijo María Eugenia. Si bien en su momento había pedido 15 años de cárcel para cada uno de los acusados, las reformas penales hechas con posterioridad le permitirán reclamar un total de 21 años de prisión para ellos.