En la actualidad, en Estados Unidos está vigente una ley de 1968 que prohíbe comprar armas a quien le haya sido diagnosticada alguna enfermedad mental, a los criminales, fugitivos, drogadictos y a los acusados de violencia doméstica.
Pero debido a leyes que protegen la privacidad y a la escasez presupuestaria en los diferentes estados, son excepciones aquellos que facilitan dichos datos de forma regular al Sistema Nacional Instantáneo de Control de Antecedentes Criminales (NICS, en inglés).
La nueva ley aporta más dinero (250 millones de dólares para los próximos cinco años) para mejorar este mecanismo y para que los estados aporten la información necesaria a esa base de datos, que cada vendedor debe consultar justo antes de vender el arma.